Ayer el gobierno nacional en una resolución firmada por al ministro del In­terior y Transporte, Floren­cio Randazzo, se dejó sin efecto el Régimen de Com­pensación de Aranceles (R­CA) de la Evaluación Psi­cofísica de Conductores Pro­fesionales de Vehículos de Transporte Terrestre de Cargas Generales y Peli­grosas.

Y en la provincia las 323 empresas abocadas al transporte de cargas ya ma­nifestaron su malestar. Se trata de un examen anual que los conductores deben realizarse para continuar trabajando. La suma es abonada por los empresarios y luego reintegrada por la Nación. “Cada examen, al empresario le cuesta $95. Siempre se ha reintegrado de manera adecuada, pero desde septiembre que se ve trunca la operatoria. El Estado le debe a la obra social de camioneros cerca de 60 millones de pesos por este concepto”, manifestó Enrique Castro, por parte del sindicato de los conductores STOTAC. Consultado respecto a la posibilidad de que los empresarios exijan a los conductores afrontar el pago del examen para menguar gastos, Castro aseguró: “Será algo que de darse, rechazaremos. Si la empresa quiere constatar que sus trabajadores estén en condiciones, deberá pagar por ello”.
El Estado anuló además la Formación Profesional de los Conductores que también estaba a cargo del Sindicato de Camioneros.
La disposición estableció que, sin intermediación del gremio encabezado por Mo­yano, ambos servicios deberán ser abonados por el empresario transportista.

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