Aunque entró en vigencia, el Poder Ejecutivo decidió no ponerla en práctica aún.

Se trata de la ley 7.011 sancionada en marzo del año 2000 a partir de la cual se creaba el Pro­grama de Asistencia a la Víc­tima del Delito en la provincia. Según la legislación de aquel momento, el programa funcionaría en el ámbito del Mi­nisterio de Salud. Pero luego, en el año 2008, por iniciativa del entonces diputado Daniel Tomas se introdujo una modificatoria: se propuso que fuera en el ámbito de la Sub­secretaría de Derechos Hu­manos y Lucha contra la Discriminación Social, dependiente del Ministerio de Gobierno, donde se instrumentaría el Programa de Asistencia a la Víctima del Delito.
Luego del paso del tiempo y junto al incremento de delitos percibido por la sociedad, en la novena sesión ordinaria celebrada el jueves pasado en Cámara de Diputados se aprobó un despacho de la Co­misión de Control y Se­guimiento Legislativo, en el Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Producción y Trabajo, por el que se solicitó al Poder Ejecutivo informe respecto a la reglamentación de la Ley. El Ejecutivo deberá expedirse al respecto en el plazo de 10 días.

De qué se trata
Según la ley 7.011, el programa debería tener por funciones: la determinación del daño presente en el desarrollo y estructura de la personalidad de la víctima y la posibilidad de trascendencia al futuro de ese daño y aplicación de los medios idóneos para subsanarlo, la asistencia y tratamiento a la víctima para su recuperación física, psicológica y social y la promoción de acciones y medidas tendientes a superar la situación de tensión que hubiese producido el delito.

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