El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer que se citara a indagatoria al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi como acusado de una presunta defraudación al Estado, a través de la contratación de una empresa «de dudosa existencia» para supervisar el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE).

Además de Schiavi, el fiscal pidió que fueran citados a declarar como acusados cinco funcionarios del área de Transporte y seis supuestos representantes del consorcio encabezado por Global Infraestructure, al que se le adjudicó la supervisión del SUBE, pese a que había pedido casi diez millones de pesos más que uno de sus competidores.

La denuncia que presentó ayer Stornelli fue el resultado de una investigación preliminar realizada por su fiscalía tras una serie de publicaciones de LA NACION.

Según el fiscal, «es posible presumir» que Schiavi ordenó contratar al consorcio de empresas encabezado por Global Infraestructure «a partir del ilegítimo interés presuntamente puesto en dicha contratación por los funcionarios públicos que la tramitaron, obligando abusivamente al Estado nacional».

Stornelli advirtió que Global Infraestructure presentó antecedentes «de dudosa credibilidad» y no habría cumplido con los requisitos legales que imponía el contrato. De las pruebas reunidas surge que no tiene domicilio cierto en la Argentina ni lo tendría en Inglaterra, y que su titular, Stephen Chandler, «no habría cumplido la dedicación full time que exigiría el contrato», firmado en marzo de 2011. El fiscal relata que pese a que Chandler tenía un sueldo mensual de 40.600 dólares, en 2011 estuvo más días en el exterior que en la Argentina.

Stornelli pidió, además, investigar presuntos conflictos de intereses de directivos del consorcio ganador que habrían sido funcionarios de Transporte, y solicitó peritajes para determinar qué trabajos se hicieron realmente y por qué no los hizo la propia secretaría.

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