Luego del último cruce verbal entre el gobierno, la oposición y los autoconvocados, el conflicto comenzó a transitar horas de tensa calma, se enmudecieron los micrófonos y se abrió el debate interno. Entre los efectivos hay gente que piensa distinto y quienes persisten en presionar al gobierno para modificar, no solo los sueldos, sino la estructura policial. El Gobernador habló y disparó la duda: ¿Habrá una nueva propuesta, después de esto? ¿Se implantará la Emergencia de Seguridad Provincial?. Nadie contesta.

En las últimas horas se conocieron las declaraciones del gobernador Peralta sobre el conflicto policial y también la postura del grueso de los representantes de los autoconvocados, que decidieron rechazar el 34% de aumento y persistir en el reclamo, incluyendo el establecimiento de carpas frente a la Jefatura de Policías luego de una conferencia de prensa en la que por enésima vez, los autoconvocados fijaron su posición ante las autoridades.

No hay avances en las negociaciones y se advierte una pausa que puede definir esta huelga en las próximas horas. El Gobernador ha sido taxativo al indicar que no hay más plata y que si no aceptan el 34%, los policías van a tener que conformarse con lo establecido en el Decreto 1401, ya que al anular la última propuesta quedará en firme su vigencia, lo cual significa, económicamente, muchos menos que el aumento salarial establecido en la última proposición del Ejecutivo.

Los autoconvocados sostienen, que además del aspecto salarial, se debe proceder a una reestructuración total del servicio policial, incluyendo la democratización de la Fuerza, un reordenamiento institucional, la depuración de los mandos y la elaboración de un nuevo marco legal regulatorio de la actividad policial que debe pasar, necesariamente, por la Legislatura provincial, donde, hasta el momento, no existe ni voluntad ni capacidad para definir una política de este tipo en materia de seguridad o de reorganización institucional; dicho esto, significa que esa parte de la negociación entra en un plazo largo o mediano, que no debiera ser objeto sustancial para impedir un acuerdo en este momento; sin embargo, la policía dice que no va a ceder hasta que no consiga $ 29,00 por punto y el gobierno dice que, cada vez piden más y cuando logran un objetivo, desisten de levantar la medida, recurriendo a otra de las tantas excusas que tienen para sostener la huelga.

Los tiempos parecen agotarse. Por un lado el gobierno dijo que implantará la Ley de Emergencia en Seguridad Provincial y esto lo habilitaría a pedir el auxilio de Fuerzas Federales, que la Nación está obligada a ceder en este caso, a pesar de las declaraciones destempladas de la presidenta donde aseguró que la Fuerza de fronteras no será partícipe de ningún otro conflicto social. Lo que no distinguen, aquello que sostienen la posición de CFK, es que el conflicto planteado en Santa Cruz es de seguridad de toda la población y no responde a un mero corte de ruta o a un enfrentamiento sindical.

Desde el gobierno nadie habla. Excepto las últimas declaraciones del gobernador y las difundida por la Ministro Paola Knoop en el programa “Sintonía fina” de Fm News, se han llamado a silencio. Finalizando la semana, el representante de los policías de Perito Moreno, el Sargento Alejo Gil, se retiró de la mesa de negociación, indicando que recibió presiones y amenazas y señalando a sus compañeros de negociación de otras dependencias, como inflexibles a todo tipo de acuerdo, indicando que “no es lo que inicialmente se habló y por lo cual estamos peleando”, dijo también por “Sintonía fina”.

Se estima que el gobierno jugará ahora con el desgaste de la propia protesta, esto es, dilatar los tiempos, esperando que los autoconvocados tomen la iniciativa y si es contraria al interés público, promoverá la Emergencia de Seguridad, llamará a las Fuerzas federales y allí podría comenzar otro capítulo, ya que se focalizarían en la persecución con sumarios, sanciones, descuento de haberes y hasta cesantías, de los efectivos que encabezan el movimiento. Esto, a su vez, traería mayor malestar interno y retroalimentaría el descontento, pero en este punto entraría a jugar la otra carta que tiene el gobierno provincial: la llegada del receso invernal. En este nuevo marco, es natural que todas las protestas se debiliten (recordemos los paros docentes y los gremios de la MUS, que en general evitan sostener conflictos en épocas de baja intensidad, con son los períodos vacacionales) y tal hecho podría ser capitalizado por las autoridades.

Los autoconvocados están pidiendo hoy, hablar en forma directa y personal con el Gobernador Daniel Peralta, por entender que la Ministro de Gobierno Paola Knoop y el Jefe de Policía Jorge Hassan, no representan negociadores válidos. Hasta el momento no se conoce la intención de Peralta, por reunirse con los reclamantes.

Ya van 15 días de huelga policial y los hechos de inseguridad se suceden día a día y se hace más complicado en zona norte, más precisamente Caleta Olivia, que en los últimos días ha sufrido una ola de robos y asaltos violentos, producto de la inacción policial, la falta de resguardo y seguridad habitual aportada por la policía provincial.

Entre los autoconvocados hay tres sectores bien diferenciados: los que persisten en ir por todo, son proclives a rechazar cualquier propuesta que no parta de lo que ellos piden (29 pesos el punto) y luego se cumplan todos los compromisos asumidos sobre equipamiento, logística y fondos para poder operar; los que piensan que se debe aceptar el 34% y seguir negociando los demás items, levantando la medida, solo con un acuerdo escrito que figure como compromiso a futuro, de parte del gobierno y otro sector, integrado mayormente por retirados creen que se debe aceptar la última oferta salarial, reponer el servicio y construir a futuro una discusión sobre la nueva policía. (Agencia OPI Santa Cruz)

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