Desde Londres, el consultor inglés rompió el silencio en una entrevista exclusiva con LA NACION; “Firmaron el contrato sin mi consentimiento”, dijo sobre la supervisión de la SUBE bajo la mira de la Justicia

Por Iván Ruiz  | LA NACION

LONDRES.- “Aquí estoy. No soy un fantasma y lo puedo demostrar”, desafió Stephen Chandler apenas se presentó. A su espalda, los ejecutivos que caminan las calles de la City de Londres no paran. La lluvia tampoco. Con el sobretodo aún mojado, el consultor inglés, hasta la semana pasada jefe de la supervisión de la SUBE, se encontró con LA NACION frente al Banco de Inglaterra, en el centro financiero de Europa.

Después del escándalo desatado por las irregularidades en un contrato de $ 65 millones , Chandler siente que esos caminos de laberinto son su casa. “No volveré a la Argentina por ahora. Estoy nervioso y con algo de medio”, asegura.

En una entrevista exclusiva, el consultor inglés se desligó de las sospechas sobre el control del boleto electrónico y aseguró que se trata de una acción que “parece orquestada” por la Secretaría de Transporte, el Banco Mundial (BM), organismo que financió la operación, y sus socios locales.

 

  

“Nunca firmé ese contrato porque está viciado. Lo firmaron sin mi consentimiento”, contó.  Foto: LA NACION / Pablo Rimoldi
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Pese a las ironías de humor inglés, Chandler sólo esbozó una sonrisa en más de dos horas de entrevista, cuando festejó que el Gobierno haya suspendido el contrato para controlar el boleto electrónico. “Si pudiera hablar con el ministro le diría: Florencio [Randazzo] cancelá esa contrato definitivamente”. Y asegura que está feliz porque no puede trabajar en un proyecto que “huele a corrupción”.

Para ser más gráfico, toma una lapicera y una servilleta: “Esto es una pirámide”, explica. Mientras termina de dibujar, reparte responsabilidades con una raya al medio. Los triángulos más grandes son para sus socios IRV e Iatasa. En el pie de la pirámide, muy pequeño, aparece Global Infrastructure (GI) , su empresa. Intenta desligarse de responsabilidades y lo primero que aclara es que avisó de las anomalías al Banco Mundial y a la Secretaría de Transporte, pero igualmente avalaron ese contrato con “empleados fantasmas”, como Marcela Ashley.

– Si sabía de las irregularidades. ¿Por qué firmó el contrato?

– ¡No! No firmé ningún contrato. Ni siquiera lo leí. Sólo tengo un borrador. Le dije a mis socios locales que había cosas que corregir . Que había gente, como Ashley, que no estaba disponible para trabajar. Lo sabían todos: la Secretaría de Transporte, el BM y, por supuesto mis socios locales. Yo mismo le avisé a Andrés Pizzarro (gerente del BM). Lo llamé y le envié dos cartas advirtiendo que así no se podía firmar el contrato, que había que hacer cambios. Pero nunca me respondió

– ¿No le avisaron de la firma?

– Me engañaron. Angel Ferrigno [director de Iatasa] me dijo que podía volver a Londres, que no iba a haber novedades en marzo. A los pocos días, me llama Carlos Longstaff, mi agente en Buenos Aires, para decirme que el 11 se había concretado. La Secretaría de Transporte lo hizo a mis espaldas. Aunque es legal [Chandler no es apoderado del consorcio], ese contrato es inválido ¿Cómo lo permitieron sin la presencia del jefe de proyecto?

– ¿Puede haber complicidad de los funcionarios?

– Este era un contrato importante del que participó toda una cadena. Jorge de Belaústegui [coordinador de Proyecto de Transporte Urbano], Nora Turco [directora nacional de Coordinación y Planificación del Transporte] y Gabriela Boaglio [asesora legal del Proyecto de Transporte Urbano]. ¿Por qué Beláustegui y Turco permitieron que se firmara sin mi? ¿Fue sólo un error? No, es una acción que parece orquestada.

-¿Por qué no mencionó al entonces secretario Schiavi, que autorizó la contratación?

– No puedo asegurar que tenga vinculación con las irregularidades, pero no debería haber permitido la firma en mi ausencia.

– ¿Es verdad que, como dijo Schiavi, cobró 140.000 dólares por mes?

– La información es totalmente errónea. Si no sabía que era falso lo que decía lo podemos acusar de incompetente por no chequear, pero si Schiavi sabía lo podemos acusar de algo mucho peor. Cobré mucho menos que eso y en pesos.

– Su sueldo, por contrato, es de 40.000 dólares

– No sé qué dice el contrato. GI facturó un promedio de 100.000 pesos mensuales, lo que incluye el sueldo de dos empleados más y gastos. Mis honorarios no llegan a los 2000 dólares.

– ¿Y quién cobró el resto del dinero?

– Creo que mis socios locales le facturan en dólares a la Secretaría de Transporte por mí y por el staff de empleados fantasma. Hasta podría ser por montos más altos

– ¿Nunca sospechó nada?

– A mí me presentó la embajada británica en la Argentina en una licitación que iba a estar supervisada por el BM (sonrie). Iba a ser un consultor externo. Esa era mi intención. No quería formar una Unión Transitoria de Empresas (UTE), pero me obligaron.

– ¿Cómo lo obligaron?

– Recibí mucha presión. El 19 de julio de 2010 (el contrato no había sido firmado) me llamaron para que fuera urgente a Buenos Aires. Me dijeron que había una reunión con el BM. Cuando estaba saliendo para sus oficinas, me dijeron que era en Iatasa. Qué raro, pensé. Cuando llegué, mis socios me explicaron que, como era secreta, Pizzarro no podía ir a la reunión. Entonces, lo pusieron en el altavoz del teléfono.

– ¿Qué le dijo?

– Me dijo lo mismo que mis socios. Fue la directiva final: tenía que hacer una UTE con ellos, sino el BM me eliminaba. Para mí era la peor noticia. Me salía carísimo y corría muchos riesgos. Traté de convencerlo de que me subcontrataran pero no quiso. Es evidente que querían usar mi experiencia incluso para esconder otras actividades.

– ¿Eran habituales estás conferencias?

– Vainberg (IRV), Turco y Pizzarro tenían muchísimas conversaciones por e-mail. Una vez me llegó uno, entonces, sorprendido, le pregunté a Vainberg si eso estaba permitido en la Argentina y me dijo: “Sí, acá es habitual”. En ese momento el contrato no estaba firmado. Incluso, me dijo que entre ellos no sólo hablaban de la SUBE sino también de otros proyectos.

– ¿Por qué decidió hablar ahora?

– Antes no me dejaron. Transporte, mis socios y el BM retienen mi dinero sin razón. Cuando se publicó la primera nota me dijeron: “Si hablás, no te pagamos nada”. El 20 de junio, en una reunión con funcionarios, Turco, a los gritos y llorando, me dijo que no podía hablar con la prensa.

– ¿Se arrepiente de haber participado de este negocio?

– Fue una gran lección. Soy una víctima, me siento usado. Me usaron como una pantalla por mi experiencia y mi prestigio. Es posible hacer negocios en la Argentina pero hay un puñado de gente que lo arruina todo. Si este proyecto continuara, cosa que no sucederá, inmediatamente les pediría a todos que firmaran el acta anticorrupción del Reino Unido.

– ¿Lo sorprendió la decisión del Gobierno de suspender el contrato?

– Me alegré mucho. Si pudiera hablar con Randazzo le diría: cancele inmediatamente ese contrato. Su decisión de suspenderlo no ha sido lo suficientemente buena. Los funcionarios son incompetentes o peor que incompetentes. Sólo puedo decir que lo que hicieron es de una orquesta de incompetentes. No puedo trabajar con un contrato que huele a corrupción.

iruiz@lanacion.com.ar

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