Un empresario elevó ese pedido porque, sostiene, “no existe” otorgamiento de título alguno de abogada ni matricula por parte de la Universidad Nacional de La Plata.

Un empresario de medios de la ciudad de La Plata reeditó, con una denuncia, una polémica de larga data en cuanto a la condición académica de la presidenta Cristina Fernández. Cuando parecía que el diferendo había quedado saldado, un ciudadano particular solicitó el “juicio político” para la primera mandataria por la supuesta “usurpación” de su título de abogada.

Se trata de Marcos Panissal Arana, quien presentó su denuncia hace poco menos de un año, más exactamente el 13 de diciembre, un día después de que la Presidenta asumiera su segundo mandato. El empresario platense elevó su pedido a las cámaras de Senadores y Diputados y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, “conforme las facultades otorgadas por la Constitución Nacional”.

En su petición -a la que tuvo acceso NOVA-, Panissal Arana sostiene que “luego de hacer innumerables investigaciones he llegado a la conclusión de que no existe otorgamiento de título alguno de abogada ni matricula por parte de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), por ende todo lo firmado hasta la fecha es nulo de nulidad absoluta ya que para ser presidenta de la Nación se requiere, entre otras cosas, los mismos requisitos que para ser senador”.

El empresario recurre al artículo 55 de la Constitución, que establece que “para ser elegido senador se debe tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella”.

Entre otros puntos, el empresario manifiesta que “es de público y notorio conocimiento que la actual presidenta fue electa senadora por la provincia de Santa Cruz siendo oriunda de la ciudad de La Plata, y que para ser presidente de la comisión de asuntos Constitucionales del Senado se debe contar con el título de abogado, es decir todo lo firmado por Cristina Fernández es nulo de nulidad absoluta”. .

Respecto de las supuestas «usurpación de títulos» y «adulteración de instrumento público», Marcos Panissal Arana expresó que “el Código Penal sanciona el primero de esos delitos con una multa, mientras que el segundo, en los artículos 292 y 298, prevé uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”. .

Además, el empresario denunció que la Presidenta “no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás”.

“Tampoco está inscripta como abogada responsablemente ‘autónoma’ ni como ‘monotributista’, por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión –explicó en su denuncia-. Sólo aparece inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia bajo el Tomo 57 y el Folio 322, lo cual tampoco es muy claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar”.

“En caso de no ser abogada y haber firmado como tal en Comodoro Rivadavia, estaríamos frente a un grave delito”, dijo Panissal Arana, y consideró que “asimismo, si hubiese sido abogada cuando, junto con Néstor Kirchner, abrieron en el año 1976 un estudio en Santa Cruz, tendría que haberse inscripto y hubiese firmado presentaciones, escritos o documentos referentes a la profesión”.

“En ninguna causa tramitada en la metrópoli de Río Gallegos, aparece Cristina de Kirchner como abogada”, enfatizó.

Además, el empresario de medios platense aseveró que “en el mismo sentido, no pude encontrar a ningún compañero de graduación y menos aún testimonio alguno que certificara sus años de estudio después del tercer año de ‘cursada’”.

“Yo he cursado en la UNLP y en la UCALP durante muchos años y ningún profesor, compañero, adjunto, ayudante, portero, utilero, bibliotecario, etc., la vio cursar o rendir materias de cuarto o quinto año”, aseguró.

Por último, Marcos Panissal Arana consignó en su denuncia que “en su curriculum vitae personal, que se ostenta en la página web oficial del Gobierno Argentino, en vez de decir que ‘se recibió de abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales’, dice que ‘cursó estudios de abogacía en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

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