A partir de las acciones que YPF posee en la compañía, buscará terminar la sociedad con el accionista mayoritario, British Gas, para que Metrogas vuelva al Estado

Luego de Aguas Argentinas, de Aerolíneas Argentinas e YPF, parece haber llegado el turno de nacionalización para Metrogas. La mayor distribuidora de gas del país con 2,2 millones de clientes en Capital y el ámbito bonaerense, atraviesa una delicada situación financiera. Y si bien logró que sus acreedores aceptaran un plan de reestructuración de su deuda, sus ingresos se reducen y podría volver a caer en default si no recibe oxígeno financiero a corto plazo.
La solución que habría encontrado el Gobierno sería reestatizarla a partir de las acciones que controla a través de YPF. La petrolera posee el 45,33% de Gas Argentino S.A (GASA), controlante del 70% de Metrogas. Otro 54,67% está en manos de British Gas (BG), y el 30% restante se lo reparten la ANSeS (8,13%), accionistas bursátiles y el personal. Ahora, la intención oficial es quedarse también con las acciones de BG.
Ayer, el Gobierno dio un primer paso concreto para cumplir con ese objetivo y reeditar los años de Gas del Estado.
Lo hizo en la asamblea de accionistas para renovar autoridades de Metrogas. Allí designó nuevos directores en reemplazo de los que hasta ahora representaban a YPF en la gasífera.
Se trata de Gustavo Di Luzio, especialista en el negocio gasífero y con alto cargo jerárquico en el área de participadas, desde donde YPF controla las acciones que posee en otras sociedades. Y Pablo Vera Pinto, ex Mckinsey, experto en reestructuraciones empresarias, y actual director de Planificación de YPF, adonde ingresó de la mano de Miguel Galuccio.
Ambos directores recibieron además las bendiciones del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del viceministro de Economía, Axel Kiciloff, para hacerse cargo del futuro de Metrogas.
Desde la petrolera explicaron a El Cronista que la intención de ambos es analizar la situación de Metrogas, que debe cumplir con pagar una deuda de u$s 250 millones. En junio pasado, sus acreedores le aceptaron un pago con quitas de entre 46,8% y 53,2%. Pero como la caja de Metrogas sólo le permite operar hasta octubre, esa propuesta corre riesgo de incumplimiento.
Desde otras fuentes oficiales reconocieron que para normalizar la situación de la empresa es inexorable su nacionalización, y aseguraron que para lograrlo buscarán sacar a BG del capital.
En este punto, dos serían las opciones. La primera, reeditar la propuesta de compra de las acciones del grupo británico hechas por YPF durante la gestión de Repsol y los Eskenazi.
La operación fracasó debido a que estaba condicionada a un acuerdo por la deuda con sus acreedores que en ese momento no se cerró, y a que el Gobierno autorizara el deal, ya que la legislación prohibe a un productor de gas ser a la vez dueño de una distribuidora. El okey oficial tampoco llegó en tiempo y forma, y BG siguió siendo accionista de Metrogas.
La segunda opción, considerada la más probable a la luz de los antecedentes de desembarco del kirchnerismo en empresas de servicios públicos, se refiere a una especie de take over oficial que obligue a BG a irse de Metrogas sin indemnización. “Sería al estilo Repsol, Marsans o de la salida del grupo francés Suez de Aguas Argentinas”, graficaron las fuentes.
También advirtieron que el Gobierno no tiene intenciones de compartir el futuro de Metrogas con un grupo como BG, que radicó una demanda contra el Estado ante el Ciadi mas allá de que el fallo final benefició a la Argentina.
Lo cierto es que Metrogas necesita una urgente inyección de capital para poder mantenerse a flote y seguir ofreciendo su servicio de distribución de gas. Por estas horas, la única forma de que concrete esa necesidad es con dinero estatal, ya que el reclamado anhelo por aumentos de tarifas lleva 12 años y no parece ser una opción viable.
De hecho, el ingreso del Estado podría generar un flujo de nuevas inversiones en Metrogas sin necesidad de tocar el bolsillo de sus clientes, reclamo constante de la compañía por entender que el congelamiento fue el detonante de todos los problemas financieros de la distribuidora, cuyos últimos seis balances anuales vienen arrojando fuertes pérdidas.
Mientras tanto, la distribuidora sigue intervenida, tras haber declarado su default en 2010. El cargo de interventor lo ejerce Antonio Gómez como representante del Estado para fiscalizar y controlar los actos administrativos de la compañía con la excusa de evitar que el default pueda afectar su servicio.

FUENTE: EL CRONISTA COMERCIAL

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