El artero procedimiento utilizado por Dilma Rousseff, Cristina de Kirchner y José Mujica para concretar la incorporación de Venezuela al bloque en abierta contravención de todos los convenios regionales, es la expresión más fehaciente de los recursos antijurídicos y violentos de los que se sirve la izquierda antidemocrática para imponer su visión de las cosas. A la vista de todos ha quedado expuesto el rostro más sucio de un socialismo inescrupuloso y oportunista. Quienes en el futuro firmen acuerdos con Dilma, Cristina y “Pepe” deben saber que los mismos mañana pueden carecer de valor legalmente exigible. Que se olviden de cualquier tipo de seguridad jurídica, ya que aquí y para esta gente, al decir de Mujica, “lo político supera largamente lo jurídico”, lo que en otras palabras significa lisa y llanamente que en el Mercosur impera la ley de la selva.

La maratónica sesión de 13 horas durante la cual el Senado uruguayo interpeló el pasado jueves al ministro de Relaciones Exteriores de esa nación vecina, Luis Almagro, dejó al desnudo la naturaleza ilegal y arbitraria de la decisión adoptada por nuestros socios del Mercosur de meter por la ventana al gorila bolivariano Hugo Chávez al proceso de integración regional. Aprovechándose de su poder, la izquierda actuó de manera deshonesta e inmoral, despreciando flagrantemente todas las normas del derecho comunitario.

El artero procedimiento utilizado por Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y José “Pepe” Mujica para concretar la incorporación de Venezuela al bloque en abierta contravención de todos los convenios regionales, es la expresión más fehaciente de los recursos antijurídicos y violentos de los que se sirve la izquierda antidemocrática para imponer su visión de las cosas. A la vista de todos ha quedado expuesto el rostro más sucio de un socialismo inescrupuloso y oportunista.

Existen dos normas del derecho comunitario que los gobernantes de Argentina, Brasil y Uruguay han violado claramente al disponer el ingreso de Venezuela al Mercosur sin el consentimiento del Paraguay. En primer término, el artículo 20 del Tratado de Asunción, según el cual la aprobación de solicitudes de ingreso de nuevos países al bloque regional “será objeto de decisión unánime de los Estados Partes”.

Ahora bien, no existe “decisión unánime” desde el momento en que el Congreso Nacional no ratificó el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, suscrito en Caracas el 4 de julio de 2006. El artículo 202 de la Constitución de Paraguay prescribe en su inciso 9 que es deber y atribución del Parlamento “aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo”. Por su parte, el artículo 141 establece que para ser parte del “ordenamiento legal interno”, los tratados internacionales deben ser “aprobados por ley del Congreso”.

Profundizando aún más en la herida mortal que Dilma, Cristina y Pepe han infligido a la normativa legal del Mercosur, es menester recordar que es el propio artículo 12 del mencionado Protocolo de Adhesión el que dispone: “El presente Protocolo, instrumento adicional al Tratado de Asunción, entrará en vigencia el trigésimo día contado a partir de la fecha de depósito del quinto instrumento de ratificación”, requisito que no ha sido debidamente cumplimentado, ya que solo cuatro y no cinco instrumentos de ratificación –falta el paraguayo– han sido depositados.

Alegremente, y en una maniobra retórica tramposa, el canciller Almagro alegó el pasado jueves ante el Senado de su país que la posición de Paraguay no merecía ser tenida en cuenta puesto que este Estado había sido suspendido de su participación en el proceso de integración regional. Esta argumentación es impropia del jefe de la diplomacia de una República que se precie de ser seria: la República del Paraguay es y será hasta que su voluntad así lo determine socio fundador y miembro pleno del Mercosur, por lo tanto todo lo que se haga a sus espaldas carece de legitimidad.

Pero, además, cabe recordar ante la opinión pública nacional e internacional que el Paraguay fue suspendido del Mercosur en un acto injusto e ilegítimo, sin habérsele permitido ejercer su derecho a la defensa, tal como lo prescribe el artículo 4 del Protocolo de Ushuaia.

En otro orden de cosas, como las declaraciones de los propios gobernantes lo están demostrando, esa cuestionable decisión fue adoptada no porque aquí se hubiese registrado la alegada ruptura del orden democrático o cualquier otra situación equiparable. Esa fue solamente la excusa, el pretexto barato del que Dilma, Cristina y Pepe simplemente se valieron para poder meter a Chávez en el Mercosur sin tener que contar con el imprescindible consentimiento de la República del Paraguay. Meterlos a Chávez y a los casi 30 millones de venezolanos a quienes hace pasar hambre, para venderles pollo, como dijo el “Pepe”.

Esta es, pues, la forma inescrupulosa y desvergonzada con que actúa la izquierda en esta parte del mundo. Es preciso que la comunidad internacional lo tome en consideración para estar advertida y, eventualmente, actuar en consecuencia, sobre todo en lo que guarda relación con aquellos países o bloques y grupos de países que se aprestan a negociar futuros acuerdos políticos o comerciales con el Mercosur.

Estas naciones deben saber que lo que hoy firmen con gente como Dilma, Cristina y Pepe mañana podrá carecer de todo valor legalmente exigible. Que se olviden de cualquier tipo de seguridad jurídica, ya que aquí y para esta gente, al decir de José Mujica, “lo político supera largamente lo jurídico”, lo que en otras palabras significa simple y llanamente que en el Mercosur impera la ley de la selva.

DE: http://bonarenseinfo.blogspot.com.ar/

Comments

comments

Comments are closed.