El Poder Ejecutivo tiene 17 ternas a disposición para nombrar magistrados
La falta de magistrados contribuye a un retraso en los juicios
La Justicia no sólo renguea sino que también le niegan las muletas. De los 80 juzgados de primera instancia del fuero laboral, que deben resolver los conflictos entre trabajadores y empresas, 29 están vacantes. A ese cuadro se suma que existen cuatro lugares más sin nombramiento en la Cámara de Apelaciones. Esto representa el 36 por ciento de los puestos del fuero, o dicho de otro modo, uno de cada tres despachos está subrogado por magistrados de otros juzgados o por secretarios.

La mitad de la solución está en manos del Poder Ejecutivo que desde el 21 de mayo de 2010 tiene en su poder la decisión de designar a 17 jueces que terminaron satisfactoriamente el concurso 185. Las ternas ya fueron elevadas y sólo resta que se nomine al titular de cada despacho.
En tanto, para los 12 juzgados vacantes que restan no hay ni siquiera un concurso en proceso. En los últimos tiempos, sólo se nombraron los jurados para dos vacantes hace más de un año, los juzgados 39 y 45, en una responsabilidad que atañe al Consejo de la Magistratura de la Nación.
Para Beinusz Szmukler, presidente del Observatorio del Poder Judicial y ex consejero de la Magistratura de la Nación, justamente el estamento del Poder Judicial que, a su juicio, es el mayor responsable del descalabro que es hoy el fuero laboral, se trata de “un escándalo”.
Szmukler opinó que “la única realidad es la inoperancia” del órgano de control y los principales damnificados son los trabajadores.
A su juicio, lo que está en juego son los “créditos alimentarios”, esto es, todo derecho que responde al sustento, explica. “Son derechos fundamentales ligados a la salud y a la vida.”
El abogado laboralista Leandro Macía coincide en esa postura: “Si al riesgo natural del juicio se suma la creciente demora, y que la tasa que se aplica, del 18,55%, es menor que los aumentos que perciben tanto los trabajadores como los jubilados, esto empeora la situación del trabajador, que hace ‘negocio’ renunciando a derechos. Así se mantiene de ‘rehén’ a la persona ante la posibilidad de un acuerdo que implique para el juzgado un caso menos”. Macía detalla que “hay un gran incremento de causas, más de un 25% en los últimos años, y esto genera retraso en la Justicia, y como se dice, si la Justicia tarda, no llega”.
Para el juez Mario Fera, camarista laboral, y también vicepresidente del Consejo de la Magistratura, la situación está más cubierta. En el ámbito del Consejo, los concursos están andando. Según explica, en el concurso para las vacantes en la cámara “ya se realizó la prueba de oposición y se están evaluando los antecedentes”, y “en los de primera instancia ya están sorteados los jurados y queda por ver, a la luz de una modificación reglamentaria, si en ese concurso, como es un número importante de vacantes, se van a llamar a dos concursos más”.
Según explica Fera, el Consejo “aún no tomó la decisión de acumular las vacantes”.
Pero para presidente del Observatorio del Poder Judicial se trata de una situación inaceptable. “Las vacantes en los juzgados dependen del Consejo de la Magistratura, y ese argumento del cambio de reglamento, explica, no es válido. Para Szmukler, “el reglamento cambió en 2010 y si lo cambiaron mal, el mismo Consejo debió haberlo revisado. Es un escándalo lo que está pasando en el Consejo”. Fera manifestó su preocupación por las designaciones pendientes y señaló que desde la cámara se están haciendo las gestiones para que los nombramientos que ya están en poder del Gobierno se agilicen.
En este sentido, desde la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) ya está avanzando en la presentación de un amparo ante la Justicia para reclamarle al Poder Ejecutivo la designación de los 17 magistrados que desde 2010 están demorados.
En el mes de agosto, en tanto, la Comisión de Derechos del Trabajo, encabezada por Paula Pasini, interpondrá el recurso, que cristaliza la preocupación del estamento de abogados. Una preocupación que para Szmukler no se replica ni entre los jueces ni en las organizaciones de trabajadores. “Esta situación requiere un reclamo firme. No me explico por qué ninguna de las organizaciones de trabajadores han planteado este tema”, remarcó.

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