Francisco Mugnolo, un ex diputado radical, está al frente de la Procuración Penitenciaria de la Nación desde el 2000 y fue ratificado en el 2003, tras aprobarse la ley que dio autonomía al cargo creado para “proteger los derechos humanos” de los presos. En charla con Clarín se definió como “un defensor” de la salidas transitorias, aunque advirtió que el Servicio Penitenciario Federal las concede “discrecionalmente” y que ONG reconocidas –entre ellas el CELS, cercana al Gobierno– no cuentan con facilidades de acceso a las cárceles como las que se le otorgan a la corriente kirchnerista Vatayón Militante. En cambio, el ministro de Justicia, Julio Alak, dijo días atrás que la autorización es concedida a cualquier ONG que lo pida.

Mugnolo, ¿qué opina de los permisos para que los internos participen de actos políticos? 

-La Procuración está a favor de las estrategias de reintegración social y la participación en una actividad cultural se enmarca en esas acciones virtuosas. Si se utilizan las salidas con otro sentido no es tarea nuestra controlarlo, sino de los jueces que conceden los permisos a pedido de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal ¿Y a usted le consta que los permisos a Vatayón Militante no se utilizan con fines políticos?

El caso famoso de Vásquez fue autorizado por un juez. Hasta ahora no recibí denuncias de uso partidista de las salidas.

¿Tampoco tiene denuncias de favoritismos?

Es distinto. El Servicio Penitenciario Federal actúa de modo discrecional. Suele ser muy restrictivo. No es fácil obtener el ingreso, ni siquiera para ONG reconocidas por su defensa de los derechos humanos. Hasta el CELS tiene trabas. Y en muy pocos casos se les conceden salidas transitorias como es el caso de esta polémica. La mayoría termina haciendo las actividades dentro de la cárcel. Nosotros venimos pidiendo un trato igualitario.

¿Por qué cree que a Vatayón Militante le dan las autorizaciones sin restricciones?

El problema no es que le den el permiso, si es autorizado por un juez. Lo que habría que averiguar es si cumple realmente con los requisitos que se le exigen a las ONG para cumplir con esas actividades.

¿Coincide con la Presidenta en que tenemos un Servicio Penitenciario ‘modelo’?

Respeto la opinión, pero no coincido. No se puede decir que sea ejemplar cuando mantiene la misma estructura militarizada que le dio la ley orgánica que rige desde la dictadura de Lanusse y nunca se cambió.

¿En qué aspectos se verifica el grado de militarización?

Mire, en estos últimos años se mejoró la infraestructura carcelaria y hubo apertura para las políticas de rehabilitación. Pero los miembros del Servicio Penitenciario consideran que su prioridad es la seguridad y subsidiariamente la rehabilitación. Por eso cuando aplican torturas o represalias las justifican diciendo que es por razones de seguridad.

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