En el Ejecutivo están molestos por la sanción en Diputados y definirán el fin de semana la estrategia para cuando se trate en el Senado.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley impulsado por el radicalismo que pretende endurecer las salidas transitorias de los presos, el PJ discute cómo sortear lo que se viene, qué manotazo dar y cómo salir del vendaval interno que desató la votación de un proyecto que, para el entorno de Francisco Pérez, «fue mal planteado y mal resuelto por los legisladores del oficialismo».

En los próximos días, el justicialismo se reunirá para rearmar el equipo y buscar una salida discursiva unificada en el Senado, lugar donde próximamente se discutirá el proyecto y donde el partido ve con pocas chances que se pueda frenar lo que ya se votó en Diputados.

«Está complicado porque se necesita mayoría simple para que salga el proyecto y la verdad es que el radicalismo y el PD van a votar juntos», expresó un senador sobre el desafío que se viene en la Cámara alta. El malestar del Gobernador será expresado durante las reuniones que tendrá todo el fin de semana y cuando pedirá a sus senadores que traten de impulsar el despacho del proyecto alternativo que ablanda el espíritu del proyecto Petri.

«Vamos a intentar que se discuta un despacho paralelo atento a que el proyecto es inaplicable por tres años ya que la ley comenzaría a regir para los casos nuevos cuya condena más corta es a tres años», expresaron desde el círculo más cercano de Pérez y agregaron: «Van a haber muchas presentaciones de inconstitucionalidad, lo que va a cargar al Estado con costos por indemnizaciones resultando inaplicable la ley e ilusionando en forma innecesaria a los familiares de las víctimas».

Las posibles presentaciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte es el argumento que tomará el peronismo local para hacer frente al proyecto del radical Luis Petri.

De hecho la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini, insistió en que el proyecto es inconstitucional y explicó que lo hecho por Petri y por los legisladores que lo acompañaron fue un acto «para la tribuna».

«Estoy convencida de que la ley no será aplicable, porque va en contra de todos los tratados de derechos humanos», explicó Ubaldini. La funcionaria del Ejecutivo provincial alegó que el proyecto de Petri «es una ley para la sociedad que no tendrá efectos prácticos; es pura demagogia». Incluso, el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Elizalde, también criticó la norma y explicó que la posición del justicialismo era clara y vaticinó que la discusión en senadores será dura y se centrará en la inconstitucionalidad del proyecto.

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