En las próximas semanas, el Tribunal Supremo Federal de Brasil determinará la responsabilidad de los 38 acusados en una presunta compra de votos en el Congreso entre 2002 y 2005. El juicio durará al menos un mes y se dictará sentencia a mediados de septiembre próximo.

 

El procurador general de Brasil, Roberto Gurgel, presentará este viernes las acusaciones contra 38 implicados en presunta corrupción política durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Los cargos serán leídos ante el Tribunal Supremo Federal, que este jueves inició el proceso jurídico.

Evasión de divisas, lavado de dinero, corrupción activa, corrupción pasiva, gestión fraudulenta, peculado y formación de bando criminal son las siete denuncias hechas contra los 38 acusados.

La corte determinará en las próximas semanas la responsabilidad de los acusados en una presunta compra de votos en el Congreso entre 2002 y 2005, hecho hasta ahora no probado, pero muy utilizado por la prensa de derecha para atacar al gobierno de Lula.

Según la Fiscalía, la presunta compra de votos involucró a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT).

De acuerdo con el programa judicial, además de los cargos, Gurgel pedirá condenar a 36 de los 38 presuntos involucrados.

Entre los acusados está José Dirceu, exjefe de Gabinete de ministros entre 2003 y 2005, además de exdirigentes del PT y de partidos aliados. Conforme a los autos del proceso, el procurador general ya indicó que no existen pruebas contra dos de los supuestos implicados, Luiz Gushiken y Antonio Lamas.

Según la denuncia presenta por la Procuraduría ante el Supremo, Dirceu habría “desviado” fondos públicos para “comprar” los votos de parlamentarios y aprobar proyectos del Ejecutivo en el Congreso.

La acusación afirma que fueron desviados 141 millones de reales (68 millones 814 mil 056 dólares), de los cuales “se pudieron detectar los destinatarios de 32 millones”.  En su defensa, Dirceu dijo que jamás participó de esquemas financieros para cubrir deudas.

Los abogados de los acusados aseguran que la acusación carece de veracidad pues fue realizada por el exdiputado Roberto Jefferson, del derechista Partido Laborista Brasileño (PTB), quien “jamás en su vida política gozó de una migaja de la credibilidad que mereció de la Procuraduría General de la República”. La denuncia “es más que floja, una obra de ficción mal redactada”.

Para el PT la ocasión es “la menos propicia posible”. Dentro de dos semanas “comienza la propaganda política en televisión”, con vistas a las elecciones municipales de octubre próximo, y seguramente el tema del “mensalao”, como se ha llamado el caso, con la imagen de parlamentarios “recibiendo mensualidades” y de su juicio será recurrente en los programas de los adversarios.

El Tribunal Supremo Federal ha calculado que el juicio durará al menos un mes y que sólo estará en condiciones de dictar sentencia hacia mediados de septiembre próximo.

Los magistrados del Supremo han rechazado la petición de la defensa para dividir el juicio en dos, lo que llevaría a la mayoría de los señalados a ser procesados por un juez de primera instancia y sólo tres por el máximo tribunal brasileño.

teleSUR-PL/kg

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