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AYER: Con la lectura de los cargos, comenzó el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra

El juicio por el crimen del militante del Partido Obrero se inició con la lectura de acusaciones contra los diez detenidos por el asesinato y siete policías federales juzgados por abandono de persona.
El Tribunal Oral en lo Criminal 21 escuchó los cargos contra todos los acusados y pasado el mediodía resolvió continuar con el juicio pese a estar pendiente un planteo ante la Cámara Federal de Casación penal para recusar a sus integrantes, presentado por la defensa del detenido «picaboletos» del ex ferrocarril Roca, Armando Uño.

Al grito de “Pedraza patotero”, el público que colmaba la sala de audiencias de los tribunales federales de Retiro recibió al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, quien ingresó esposado junto a otros 9 acusados, una hora y media más tarde del horario previsto para el comienzo: las 10.

De inmediato cesaron los gritos, cuando otros miembros del público, como la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, pidió silencio y recordó que se busca “hacer un juicio”, sin dar motivo a interrupciones. Antes de iniciar oficialmente el debate, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 permitió un breve ingreso de reporteros gráficos, sin hacer lugar a un pedido para que un acusado se retirase de la sala y a lo sumo se lo dejó bajar la cabeza para evitar los flashes.

De inmediato comenzó la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y las querellas del CELS por la familia de la víctima y del Partido Obrero por los heridos, donde se reconstruyó lo ocurrido el 20 de octubre de 2010 cuando Ferreyra fue baleado en el abdomen. A lo largo de la lectura se reafirmaron las acusaciones referidas a «un plan criminal orquestado desde la cúpula directiva de la UF para aleccionar a trabajadores tercerizados» que reclamaban su reincorporación al ex ferrocarril Roca y pensaban cortar las vías. “Todos estaban conectados y coordinados cuando los acontecimientos se desarrollaban”, consignó la acusación del fiscal de instrucción Fernando Fizser, en referencia a Pedraza, su segundo en el gremio Juan Carlos Fernández y el delegado Pablo Díaz.

Los tres están procesados como supuestos instigadores de homicidio agravado y tres tentativas de homicidio agravado además de coacción. En tanto, los sindicados autores materiales de los disparos, Cristian Favale y Gabriel Sánchez llegaron procesados como autores del homicidio y otros delitos.

“La finalidad era aleccionar a los tercerizados para que no cortaran las vías y mantener en sus cargos a Pedraza y Fernández”, quienes habrían dirigido todo desde la sede de la Unión Ferroviaria, a través de comunicaciones telefónicas con Díaz.

Junto a sus abogados, la lectura fue seguida desde su silla de ruedas por Elsa Rodríguez, herida gravemente ese día, quien llegó acompañada por su hija para retirarse antes del fin de la audiencia por sufrir un malestar.

La audiencia se inició ayer pasadas las 11.30, luego de una larga espera por demoras en el traslado de los detenidos y su llegada a la sala de audiencias en el subsuelo de los tribunales federales de Retiro en Comodoro Py 2002.

Desde muy temprano esa avenida estuvo totalmente cortada y vallada, custodiada por Gendarmería Nacional mientras que en el interior del tribunal la seguridad estuvo a cargo de Prefectura.

La sala de audiencias se colmó de público con la presencia en primera fila de Pablo Ferreyra, hermano de la víctima.

También estuvieron Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora; la diputada Victoria Donda, y el titular del PO Néstor Pitrola, entre otros.

Los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Bossi, Horacio Díaz y la suplente Inés Cantisani estuvieron sentados en el estrado desde media hora antes del arribo de los presos, quienes entraron esposados y custodiados por el Servicio Penitenciario Federal.

Se trata de los procesados Guillermo Uño, Pablo Diaz, Francisco Pipito, Juan Carlos Fernández, Cristian Favale, Claudio Arcorcel, Juan Carlos Perez, Gabriel Sanchez, Gonzalez y Pedraza.

Excarcelados llegaron los siete policías federales, entre ellos Hugo Lompizano y Luis Mansilla, máximos responsables del operativo de seguridad montado ese dìa.

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