De no mediar inconvenientes, la designación de Gils Carbó obtendrá los dos tercios de los votos necesarios para convertir a la actual fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en la próxima jefa de todos los fiscales federales.

BUENOS AIRES.- El pliego enviado por el Poder Ejecutivo proponiendo a Alejandra Gils Carbó para el cargo de procuradora General de la Nación, será debatido el miércoles de la próxima semana, luego de recibir ayer dictamen favorable de los integrantes de todos los bloques que conforman la Comisión de Acuerdos del Senado.
De no mediar inconvenientes, la designación de Gils Carbó obtendrá los dos tercios de los votos necesarios para convertir a la actual fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en la próxima jefa de todos los fiscales federales.
Al finalizar la audiencia el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, anunció el apoyo del oficialismo a la candidata enumerando su ?idoneidad, su capacidad y su visión independiente de la función a cumplir?.
Acto seguido, el representante del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez, quien también integra el interbloque del FAP, mencionó su apoyo a Gils Carbó.
Unos minutos después, y tras una reunión del bloque, el radicalismo también resolvió apoyar la designación de la futura jefa de los fiscales.
Gils Carbó reemplazará al frente de la Procuración General de la Nación al renunciado Esteban Righi, quien dejó su puesto a principios de abril.
Durante la audiencia de hoy, que duró alrededor de seis horas, la candidata a procuradora General negó vinculación alguna con el Gobierno, rechazó críticas que recibió su postulación de bancadas opositoras por «no ser especialista» en derecho penal y declaró que su función será «defender los intereses de la sociedad».
«Decididamente no», respondió la postulante del Poder Ejecutivo cuando se le preguntó si tenía vinculación con el Gobierno.
Gils Carbó consideró que «la independencia no es algo que surge sólo de un artículo de la Constitución sino de la convicción, de la ética y de defender los intereses generales de la sociedad cueste lo que cueste».
La fiscal comercial refutó los cuestionamientos que se le formularon por no ser experta en derecho penal y advirtió en ese sentido que la mitad de los procuradores designados en las últimas décadas no fueron especialistas en derecho penal.
En su exposición ante la comisión de Acuerdos del Senado, la fiscal defendió su actuación en una causa sobre la remoción de directores estatales de la firma Papel Prensa en la que se le reprocharon dilaciones para dictaminar.
«No había motivo de urgencia», sostuvo la funcionaria, y aseguró que el plazo de diez días que le impuso en 2011 la Cámara Comercial para dictaminar estaba «dirigido a obstruir el accionar de la fiscalía» que debía «constatar qué estaban haciendo los directores estatales».
La candidata a procuradora calificó de «positiva» la gestión de su antecesor en el cargo, el renunciante Esteban Righi, pero consideró que «hay alguna asignatura pendiente» en cuanto a «redefinir las unidades fiscales que fueron creándose a partir de distintas coyunturas».

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