Se trata del primer proyecto de ley elaborado en forma conjunta por el interbloque del FAP, atendiendo la demanda de las localidades del interior del país que se vienen manifestando en rechazo a la megaminería contaminante.

El proyecto plantea prohibiciones para este determinado tipo de actividad minera, en sintonía con las leyes sancionadas en nueve provincias argentinas (Chubut, Tucumán, San Luis, Mendoza, La Pampa, Córdoba, Tierra del Fuego, La Rioja y Río Negro, estas dos últimas derogadas por los recientes gobiernos).

Prohíbe la explotación de minerales a gran escala que utilicen cianuro y otras sustancias tóxicas contempladas en la Ley de Residuos Peligros, y que además requieran la remoción de grandes volúmenes de suelo y agua. Abarca no sólo los megaproyectos que extraen oro o plata, sino también los que avanzan en el norte del país para la extracción de litio o la extracción de potasio, que requieren un uso intensivo de estos recursos.

Obliga a las empresas megamineras en funcionamiento a reconvertir su tecnología acordando los términos con la comunidad afectada. También a cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y audiencias públicas, en forma previa a la autorización definitiva.

En ese sentido, sostiene que en lo referido a participación ciudadana estos emprendimientos deben regirse por lo establecido en la Ley General de Ambiente, como el resto de las actividades industriales de envergadura, y no como sucede actualmente con el Código Minero, que permite aprobar estos proyectos con sólo presentar un informe que diga cómo van a contaminar.

Firman el proyecto los diputados Victoria Donda, Margarita Stolbizer, Alicia 
Ciciliani, Graciela Iturraspe, Graciela Villata, Susana Mazzarella y los diputados Roy Cortina, Claudio Lozano, Victor De Genaro, Juan Carlos Zabalza, Gerardo Milman, Omar Duclós, Fabián Peralta y Jorge Valinotto, del interbloque del Frente Amplio Progresista.

Acompaña el texto del proyecto:

LEY DE PROHIBICION DE LA MEGAMINERIA CONTAMINANTE

ARTICULO 1°- PROHIBICION MEGAMINERIA CONTAMINANTE

Prohíbase la actividad minera de sustancias correspondientes a la primera categoría establecida en el inc. a) del art. 3° de la Ley N°1919 (T.O. Decr. N° 456/97), bajo la modalidad a cielo abierto que:

– por su escala de producción deban efectuar el movimiento de grandes volúmenes de suelo o el consumo de grandes volúmenes de agua, ya sea de fuentes de superficie o subterránea, provocando alteraciones geológicas tales que modifiquen en forma desproporcionada las sales y minerales disueltos en las cuencas hídricas circundantes.

– utilicen cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, amonio y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa incluida en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051, o que posea alguna de las características enunciadas en el Anexo II de la Ley Nacional Nº 24.051 y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.

ARTICULO 2° – RECONVERSION DE LOS PROCESOS EN EJECUCION

Los titulares de las actividades que se encuadren en el artículo 1º, que hayan sido autorizadas con anterioridad a la sanción de la presente deberán adecuar sus procesos o métodos de explotación a las previsiones de lo aquí normado.

Dentro de los 180 días deberán presentar un nuevo Informe de Impacto Ambiental que se encontrará a disposición de todos los interesados con una antelación no menor a 90 días de la celebración de la Audiencia Pública o instancia de consulta prevista en la presente ley.

En caso que las explotaciones mineras estén ubicadas en territorios tradicionalmente ocupados por comunidades originarias, las autoridades correspondientes deberán garantizar el cumplimiento del consentimiento libre, previo e informado según lo establecido en la Ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en forma previa a la autorización de la actividad.

ARTICULO 3º: Además de los contenidos establecidos en la legislación vigente, el nuevo Informe de Impacto Ambiental deberá contener:

– Los estudios y datos necesarios para definir adecuadamente las líneas de base de cantidad y calidad de agua, el suelo y la biota, como así también las condiciones sociales, económicas y culturales, al momento de la reconversión.

– La descripción de los procedimientos y tecnologías a utilizar, junto con un programa de vigilancia, contingencias y auditoría ambientales previstas para evaluar el desarrollo de la actividad y atender los riesgos o impactos, en caso de corresponder.

– la remediación de los pasivos ambientales y la constitución de un fondo de garantía para mantenimiento y remediación.

– La restauración de los terrenos y paisajes a su aspecto original, hasta donde sea posible.

Los responsables de las actividades deberán presentar, en forma periódica, ante la autoridad de aplicación, una auditoría ambiental con el objeto de evaluar y adecuar su desempeño ambiental.

ARTICULO 4º- EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL

Previo a emitir la Declaración de Impacto Ambiental, la autoridad de aplicación deberá realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental, y una Evaluación Ambiental Acumulativa o Estratégica, que deberá considerar la concurrencia de otros proyectos mineros, así como aquéllas obras y actividades en desarrollo y proyectadas que puedan afectar los mismos ecosistemas y cuencas hídricas.

En los casos que corresponda, y en forma previa a la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, la autoridad nacional de aplicación deberá dar formal intervención en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a las jurisdicciones potencialmente afectadas, con el objeto de efectuar una Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del proyecto.

La información completa de todo el proceso deberá encontrarse de manera fácil y accesible en una página web, conforme a lo establecido en la Ley 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.

ARTICULO 5º- PARTICIPACION CIUDADANA

Todas estas instancias serán sometidas a los procedimientos de participación ciudadana previstos en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 – Ley General del Ambiente- en forma previa a la autorización definitiva.

ARTICULO 6º – COMITÉ ESPECIAL AMBIENTAL

Los titulares o responsables de los emprendimientos contemplados en el artículo 2º deberán acordar con las comunidades probablemente afectadas los términos y condiciones bajo los cuales se autorizará la reconversión del proyecto.

Con tal objetivo se creará un Comité Especial Ambiental para cada proyecto, que estará integrado por:

– un representante de la autoridad de aplicación provincial;
– un representante de la autoridad nacional de aplicación, cuando corresponda
– un representante de cada localidad o población de más de un mil habitantes, probablemente afectadas por la actividad minera;
– un representante de una ONG con incumbencia en temas ambientales por cada una de las localidades o poblaciones mencionadas;
– un representante de las universidades nacionales que no reciban fondos de la actividad minera;
– un representante del comité de cuenca hídrica involucrada.
– un representante de cada uno de los pueblos originarios asentados en la zona de afectación ambiental.

La autoridad de aplicación deberá velar por el efectivo cumplimiento de los términos y condiciones acordadas.

Las asociaciones que propenden a la protección del ambiente se encuentran legitimadas para exigir su cumplimiento en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional.

ARTICULO 7º – INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley será sancionado con la revocación de las concesiones otorgadas y la inmediata clausura de los proyectos.

ARTICULO 8°- AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Será autoridad de aplicación de la presente Ley:
– la autoridad que designe cada provincia, cuando el impacto ambiental de la actividad minera no exceda los límites de su jurisdicción,

– la máxima autoridad ambiental nacional, cuando el impacto ambiental de la actividad minera pueda provocar degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, o afecte áreas protegidas declaradas por ley nacional

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