La Corte Suprema aceptó intervenir en un reclamo de 1039 millones de pesos que hizo la provincia de Córdoba contra el Estado y convocó al gobernador José Manuel de la Sota y al ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino, a una audiencia de conciliación.
La audiencia, que se hará en presencia de todos los ministros de la Corte, se realizará el 10 de septiembre próximo, a puertas cerradas, y el debate estará centrado en determinar si Córdoba cumplió con su tarea de adecuar la Caja Previsional local a los estándares jubilatatorios nacionales, una condición para recibir fondos de la Nación. La Corte es consciente de que De la Sota, un peronista con aspiraciones presidenciales para 2015, mantiene una relación de tirantez con la presidenta Cristina Kirchner. Pero, lejos de buscar intervenir en una interna política, el tribunal pretende poner en la agenda judicial los problemas de la coparticipación.
La decisión de la Corte fue tomada, también, horas después de que Eugenio Zaffaroni, uno de los jueces más cercanos al kirchnerismo en el tribunal, planteara que los reclamos por los fondos de coparticipación hechos por Córdoba y Santa Fe son de “raíz política” y deberían dirimirse en una mesa política de negociación. La afirmación fue rechazada por el ex candidato a presidente del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner, que preguntó con ironía si las provincias “debían recurrir a la Luna”. En la Corte aclararon que la posición de Zaffaroni no representa al tribunal.
La distribución de la recaudación tributaria entre la Nación y los distritos siempre fue un tema controversial. Pero desde comienzos de año varios gobernadores -incluso algunos oficialistas, como Daniel Peralta, de Santa Cruz- comenzaron a sentir los efectos políticos derivados de las estrecheces presupuestarias y empezaron a reclamarle a la presidenta Cristina Kirchner mayor asistencia financiera o, al menos, que no les descuente sumas que, a entender de los mandatarios, corresponden a las provincias.
Ya en 2008 y 2009 habían ingresado en la Corte una oleada de reclamos provinciales. Uno de esos planteos, iniciado por Santa Fe, está listo para sentencia. Pero otros se solucionaron con acuerdos de cada provincia con la Nación. El firmado con Córdoba fue el número 80/09. Pero De la Sota denunció que el Poder Ejecutivo dejó de pagar las cuotas devengadas durante 2011 y, por eso, salió a demandar su pago.
De la Sota aseguró también que la provincia es víctima de una discriminación que no sufren distritos como Chaco, Entre Ríos o Santa Cruz, que hicieron menor esfuerzo para adecuarse a los parámetros nacionales que establece la Anses para las jubilaciones.
Una semana después de presentada la demanda, el abogado de la provincia, el constitucionalista Alberto García Lema, pidió una medida cautelar, consistente en un embargo. La Corte no se pronunció sobre la cautelar pero, con su audiencia de conciliación, buscaría orientar a las partes a una solución acordada.
Pero De la Sota parece ir por más. La semana pasada dio otro paso político, que todavía no fue llevado a la Justicia. La Legislatura provincial denunció el Pacto Federal de 1999 y reclamó que el Estado nacional le devuelva el 15 por ciento de la coparticipación federal que Córdoba había cedido a la Anses para auxiliar la caída de ingresos que se produjo cuando se crearon las AFJP. De la Sota dice que ese auxilio perdió sentido desde el momento en que, en 2009, aquellos fondos de capitalización regresaron a la Anses.
El reclamo para que no se le prive a Córdoba de ese 15 por ciento coparticipable tiene una diferencia con otro similar que hizo Santa Fe: esta provincia no denunció un convenio con la Nación -lo que sí acaba de hacer la Legislatura de Córdoba- y, además, reclama que se le devuelvan, en forma retroactiva, las sumas que la Nación retuvo. Por eso, en el Gobierno se encendieron las alarmas y la Procuración General dictaminó que el planteo de Santa Fe debe ser rechazado.

LA CAJA PROVINCIAL

Pero ese reclamo no debe confundirse con el vinculado con la asistencia a la caja previsional provincial. A partir de aquel acuerdo 80/09 entre la Nación y Córdoba, la provincia se obligó a adaptar los estándares jubilatorios provinciales (años de aportes y de servicios y edad de retiro) a los cánones nacionales, a cambio de que la Nación financiara los desequilibrios que se producían en esa transición.
Hace dos semanas, también el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, reconoció que su provincia atraviesa una situación similar. “El problema del país, más que económico, es político. Hacen falta una mesa y algunas sillas para dialogar y concertar. Con la Presidenta, no he tenido nunca una reunión”, había afirmado entonces. La Corte quiere poner la mesa de negociación.

DE LA SOTA PIDE HABLAR EN PERSONA

CORDOBA.- El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, le reclamó diálogo a la presidenta Cristina Kirchner para superar el conflicto por los fondos previsionales. “Ojalá que muchas de las cosas que digo públicamente pudiera tener la oportunidad de conversarlas mano a mano con la Presidenta, porque la gente hablando se entiende, al menos así me enseñaron desde chico”, expresó.

Fuente: La Nacion.

Comments

comments