Leonardo Álvarez, diputado de La Cámpora que fue el principal ideólogo en el rechazo del proyecto para cobrar el canon a la transferencia minera, encabeza otro proyecto que será presentado en la Legisaltura para obligar a las empresas a “asociarse” con Fomicruz y realizar el pago de porcentajes sobre una producción que no está estimada ni se contempla el medio de control y a su vez, habla de una dispersión en las utilidades de difícil aplicación y control en la práctica.

El mismo diputado que encabezó la resistencia legislativa para gravar con un canon del 10% a la transferencias de activos mineros en la provincia, elaboró otro proyecto donde complejiza aún más la situación y pretende que las empresas estén obligadas a asociarse con Fomicruz, un ente que hasta este momento, no se conoce públicamente en cuánto beneficia a la provincia, cuáles son sus aportes reales y cómo se distribuyen, cuestión que hasta el momento parece un “secreto de Estado”, excepto que Fomicruz es, una caja paralela y un buen resguardo para una serie de funcionarios que terminan allí su carrera para lograr una mejor jubilación, tal es el caso de Daniel Varizat, por ejemplo.

De acuerdo al nuevo proyecto que presentaría Leonardo Álvarez con el acompañamiento de los diputados Jorge Arabel, Miguel Guanes, Mauricio Gómez y Silvio Suarez, todos ellos obturadores del proyecto inicial del canon a la transferencia minera de Selsa Hernández, que determinada el pago directo del 10% en el negocio de compra-venta de proyecto en la provincia; pretenden que las empresas mineras cedan el 10% de sus acciones en forma gratuita a Fomicruz y que a su vez, paguen el 8% del mineral extraído, una vez refinado, teniendo en cuenta la cotización del mercado de minerales de Londres, hecho que afectaría a todos los proyectos en curso en Santa Cruz.

El proyecto 314/12 argumenta en su cuerpo que dicha ley “ordena la actividad y pone limitaciones que consideramos redundarán en beneficio de todas las partes involucradas y principalmente del pueblo de Santa Cruz, en su conjunto”.

A criterio de las fuentes consultadas la idea no es mala, sino fuera porque se rechaza el gravado de la transferencia minera que establece un 10% sobre la venta de los yacimientos, lo cual genera un ingreso legítimo e inmediato para la provincia, en tanto, el nuevo proyecto – a instancias de las críticas que genera – consolida la presencia de Fomicruz como ente recaudador y de distribución, pero a su vez hace muy difuso el destino de las utilidades y poco práctico la estimación y control de sobre qué se aplicará la porcentualidad.

De hecho en su artículo 6º establece que las mineras deberán ceder el 10% en forma gratuito de sus acciones a Fomicrcuz SE, lo cual se interpreta, generaría una resistencia natural de las mineras que pondrían esto bajo un manto de reclamo legal que haría inaplicable esta ley, o al menos judicializaría sus alcances y por otro lado habla de obtener el 8% del mineral extraído, cuando actualmente no se conoce expresamente cuánto y de qué calidad es el material obtenido, dado que no existen los debidos controles que desde siempre debiera haber sobre la extracción minera, pero que en este país (solamente) el Estado se basa en una declaración jurada emitida por la misma empresa multinacional, para establecer qué, cuánto y cómo se lo llevan.

Finalmente, la distribución de ese controvertido 8%, es más discutible aún, pues propone una atomización tan difícil de llevar a la práctica que, pretende beneficiar a muchos y en síntesis no logra dar un beneficio efectivo a nadie; es decir, evita darle al gobierno provincial el manejo de lo que produzca el 8% y pretende constituirlo en un fondo que maneje Fomicruz para repartirlo de la siguiente manera: un 2% a la Agencia Provincial de Desarrollo Social, un organismo que pretenden crear con otro proyecto de ley para burocratizar aún más la administración de recursos, entes que con el tiempo resultan de dudosa efectividad y concurren a aumentar el gasto público. Un 3% al Poder Ejecutivo solo para afectar a fines específicos como Saludo, Desarrollo social, Educación y Sistema previsional, el 2% quedará para Fomicruz y el 1% para los municipios.

Así como está presentado este proyecto, quienes lo analizan en el marco de la realidad político y empresaria de Santa Cruz, lo consideran endeble, complejo de aplicar y mucho más de que sea de cumplimiento inmediato y efectivo por parte de las empresas. Lo más reticentes a aceptarlo lo encuentran como una medida para trabar toda intención por gravar la actividad minera, teniendo en cuenta que cada artículo de este proyecto tiene amplios aspectos de enorme discusión, que extendería los tiempos de aplicabilidad y dispersarían los esfuerzos. (Agencia OPI Santa Cruz)

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