Una denuncia recibida en nuestra Redacción, por parte de personal de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos, establece una serie de anormalidades que se están llevando a cabo en ese departamento, que promueve la exclusión del personal de planta en tareas específicas y hay serias sospechas de que se estaría anulando los controles sobre ese sector fundamental de Obra Pública, donde se manejan inversiones importantes para la ciudad.

De acuerdo a un informe elaborado por un equipo de trabajo de esta Agencia, se pudo establecer una serie de observaciones y quejas que en este momento hace personal del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos, quienes apuntan serias deficiencias de funcionalidad y hasta denuncian hostigamiento y exclusión al personal actuante, lo que debiera poner en alerta al gremio y a sectores de la actual administración municipal.

Dentro del resumen que se ha podido establecer, sobre los problemas que afectan a O.P. municipal se encuentra el sector administrativo, que posee 3 empleadas, el Departamento de Ingeniería, con ocho empleados y el Departamento de Estudios y Proyectos donde actualmente trabajan tres personas.

Una de las primeras quejas que interponen del sector es que desde hace 8 meses los trabajadores sienten que están sufriendo un desmembramiento en sus funciones que incluye la elaboración de informes, inspecciones, partes de infracción, propuestas técnicas de la obra pública, que a juzgar por ellos, no son “bien recibidos” por parte de la Dirección General de Obras Públicas y Urbanismo, que tiene pretensiones no muy claras de hacia adónde va en la nueva gestión.

También denuncian “hostigamiento laboral” para lo cual, los empleados que hablaron con OPI, sostienen que tales condiciones están tipificadas en la Norma Técnica del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y en la OIT.

En este sentido señalaron que padecen de varias arbitrariedades, entre ellas enumeraron: la desafectación del control de la Obra Pública, por cuanto no se nombra inspector del área denominada “colectora sur”, donde se asienta la mayor obra de infraestructura actualmente en construcción en Río Gallegos, específicamente destinada a los desagües cloacales. Aquí la mayor irregularidad es que el Municipio nombró (en forma dudosa) como inspector de esta área a una persona de otro sector del municipio que curiosamente fue puesto a inspeccionar las obras asignadas a la firma Rodalsa SA, empresa en la que, este inspector, trabaja como dependiente por las tardes.

Entre otras denuncias que se han recibido está la de no darle al personal de inspectores, la correspondiente indumentaria y movilidad para realizar su trabajo. En este sentido, se pudo establecer que hay dos camionetas cero kilómetros para el servicio, pero por decisión del Director Hugo Sebastián Reynares, estos vehículos, que estaban afectados a la Dirección de Obras Públicas, salieron de esa órbita y hoy una de esas camionetas es utilizada en forma personal por el propio funcionario. Las consecuencias del retiro de vehículos en la función de recorridas para inspeccionar la ciudad, deja – a criterio de los trabajadores – a todas la obra pública (cordones, veredas, cloacas, edificios, construcciones civiles etc) sin control.

También se alude a que desde el inicio de la gestión del Intendente Raúl Cantín se ha ido quitando espacio de trabajo al sector administrativo. Designaron una secretaria para el nuevo Director, el Arquitecto Dure, y a partir de allí, los empleados reconocen que ya no se pueden manejar más los expedientes y las gestiones que comúnmente realizaban en ese sector. Esto, obviamente, genera hostilidad y mala predisposición en la convivencia diaria, alterando el trabajo, generando desconfianza y discriminación en el Departamento de Obras Públicas.

Dentro de este marco, se nos ha señalado que existen persecuciones y hostigamiento del personal, porque se ha impuesto un régimen que pareciera estar orientado a ejercer mayor control, pero en realidad, se trata de una elemento de presión para recortar las facultades de quienes se consideran profesionales en lo que hacen, adultos para tomar sus propias decisiones y conocedores a fondo del trabajo que les compete realizar. Las conclusiones a las que arriban quienes analizan los nuevos cambios y el destino que tienen todas las medidas que se toman en este estratégico sector de la Municipalidad, es que se trata de encapsular la obra pública que maneja la comuna con expreso favoritismo hacia la empresa Rodalsa SA y acotar los riesgos de que, el personal que no está involucrado en algunas maniobras poco claras, pueda tener acceso y conocimiento de ciertos manejos, por ahora circunscriptos a pocas personas que manejan el área.(Agencia OPI Santa Cruz)

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