El gobernador afirmó que no le pedirá la dimisión al Fiscal de Estado y analizó que éste tampoco debería presentar su renuncia. Negó que haya existido una bajada de línea para sus legisladores y volvió a hablar de intereses mediáticos detrás del jury.
El día después de que el Jury decidiera avanzar en el juicio político contra Joaquín De Rosas, el gobernador afirmó que no le pedirá la renuncia al suspendido fiscal de Estado. Además, a pesar del voto uniforme de los legisladores del PJ a favor del cuestionado funcionario, Francisco Pérez negó que haya existido una bajada de línea.

“No tengo elementos para pedirle la renuncia”, comenzó el gobernador, antes de referirse a la necesidad de que De Rosas tampoco presente la dimisión por cuenta propia. En ese sentido, sostuvo que lo más conveniente sería que el fiscal presente su defensa en la única causa que quedó en pie: la polémica expropiación de Divisadero Largo que favoreció al grupo Vila-Manzano.

De todas maneras, el gobernador no respondió si, llegado el caso, aceptaría la renuncia a De Rosas. “Lo veremos en ese momento”, manifestó. Asimismo, Pérez indicó que no ha mantenido contactos con el suspendido funcionario extrapoder. “No he hablado en el último tiempo con el señor fiscal”, agregó.

“Soy respetuoso de las instituciones y he sido defensor del jury. Ahora cabe una etapa que es la defensa, todavía no está el fallo final. Son cuatro causas (las que evaluó el jury) que no se desarrollaron en este Gobierno. Hay que ver cuáles son los argumentos sobre la única causa que quedó en vigencia”, reiteró Pérez.

El gobernador, quien inauguró esta mañana el Consejo Federal del Trabajo que se desarrolla en el Hotel Sheraton, negó que haya existido una orden suya para sus legisladores. “Tenían que analizar las causas y votar en conformidad con eso”, sostuvo, restándole importancia al voto unánime de diputados y senadores del PJ y del ex ministro de Gobierno Mario Adaro.

Nuevamente, Pérez habló de intereses de las corporaciones mediáticas detrás del jury contra De Rosas, y redobló la apuesta: “La responsabilidad de los medios de comunicación es tan o más importante que la responsabilidad público política, porque tienen que informar a la comunidad de manera objetiva”.

En ese sentido, Pérez fue crítico con los medios porque, según precisó, tomaron posturas a favor y en contra del fiscal. Lo cierto es que la única causa que quedó en pie -Divisadero Largo- involucra directamente al grupo económico Vila-Manzano, propietario del barrio privado Dalvian y de Grupo Uno.

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