POR GUSTAVO MOLINA (CÓRDOBA) – clarín

Contra lo que indicó la Corte Suprema, establece que no basta con una declaración jurada de la víctima.

Las mujeres cordobesas víctimas de violación que quieran abortar, deberán justificar ante un equipo interdisciplinario que fueron víctimas de un ataque sexual. Así lo resolvió un juez cordobés, en clara divergencia con la solución propuesta por la Corte Suprema de la Nación. Hasta ahora, según el Protocolo Nacional y la Guía de Procedimientos de la provincia para Abortos no Punibles, para que la mujer pudiera interrumpir su embarazo bastaba una declaración jurada donde constara que había sido víctima de violación.

En el caso de Córdoba, la Guía del Ministerio de Salud “establece y pone a consideración, utilizar un equipo multidisciplinario para el tratamiento de la mujer que solicite la posibilidad de aborto porque ha sido violada”. A principios de abril, cuando la guía fue puesta en marcha, la asociación católica Portal de Belén que dirige el legislador Aurelio García Elorrio interpuso un recurso de amparo que el juez de 30ª Nominación en lo Civil y Comercial, Federico Ossola, hizo a lugar. Y los hospitales cordobeses quedaron vedados para practicar estas intervenciones quirúrgicas.

En la provivincia mediterránea sólo quedaron habilitados para practicar abortos no punibles el Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad Nacional, ambos dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), no contemplados en la prohibición del juez Ossola.

Ahora, cuatro meses después, el mismo juez resolvió permitir las intervenciones quirúrgicas para interrumpir embarazos siempre y cuando se verifique que la gestación es producto de un ataque sexual: “Para el caso del aborto por violación, la sola declaración jurada no permite concluir con certeza que la violación haya existido, por lo que existe el peligro cierto de que se proceda a cometer un aborto punible (que es la regla), con consecuencias irreparables”, señaló como uno de sus argumentos.

De esta manera, el juez Ossola exhorta al Ministerio de Salud de Córdoba a acudir a “un equipo interdisciplinario que verifique adecuadamente que el embarazo es producto de una violación”.

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