El Govern pone en marcha una tarjeta específica para este colectivo, anual y renovable, que permitirá que unas 600.000 personas en Catalunya sean atendidos
Redacción / Agencias (Barcelona).- Ningún inmigrante se quedará sin asistencia sanitaria en Catalunya una vez que entre en vigor la intención del Gobierno español de retirar la tarjeta sanitaria a las personas que residen en España de manera irregular, una medida que entra en vigor este sábado. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha desgranado los mecanismos se desplegarán para atender a los inmigrantes irregulares en la comunidad catalana y que se basan en la acreditación de al menos tres meses de empadronamiento para poder acceder a la atención sanitaria.
Según ha explicado el conseller en rueda de prensa, en Catalunya hay unas 600.000 personas afectadas por el cambio legal promovido por el Ejecutivo central, y que por tanto, podrían quedarse sin cobertura sanitaria en caso de serles retirada la tarjeta sanitaria. Pero en Catalunya, podrán ser atendidos gracias a la puesta en marcha de una tarjeta específica de un año de validez y renovable.
Para acceder a este documento, los inmigrantes irregulares deberán acreditar su identidad con al menos tres meses en el padrón municipal correspondiente, pero también deberán acreditar con documentación o una declaración jurada, que no tienen ingresos suficientes como para pagarse la atención sanitaria privada.
La tarjeta de nueva creación garantiza la atención primaria y la atención urgente, pero la especializada requerirá de otra autorización. Al cabo de un año, el permiso se podrá renovar la tarjeta y añadir sin coste la atención especializada.
Con esta carencia, el Govern considera que será suficiente como para evitar un posible efecto llamada de inmigrantes de otras comunidades autónomas hacia Catalunya.
Con esta fórmula, el Govern «cumple con el Real Decreto que regula la condición de asegurado, pero va más allá, siguiendo la convicción de que la salud es un derecho de la ciudadanía y no depende de si se es beneficiario o no de la Seguridad Social», ha explicado hoy el conseller
Ruiz ha explicado en rueda de prensa que la voluntad del Gobierno catalán es «hacer sostenible el sistema, proteger a los más desfavorecidos y que haya una salud pública», porque «la salud de uno afecta a la salud de todos».
De estas 600.000 personas afectadas, 180.000 son extranjeros en situación irregular y 420.000 son españoles que no constan en la Seguridad Social, y que pertenecen a órdenes religiosas, profesiones liberales, no tienen recursos, no cotizan en la Seguridad Social o bien tienen rentas superiores a los 100.000 euros.
Este grupo seguirá manteniendo la misma atención y prestaciones sanitarias si lleva más de un año en Catalunya, y serán las personas que acaben de llegar quienes deban acreditar una estancia en el país de más de tres meses para acceder al documento de acreditación de asistencia alternativa que les dará derecho a la atención primaria, y a partir de un año también de atención especializada.
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