Por Diana Kordon y Lucila Edelman  | Para LA NACION

En momentos en los que circulan pronunciamientos de sectores de la cultura en favor de la re-reelección presidencial, se actualiza la cuestión de las estrategias oficiales de dominación para incidir en las subjetividades colectivas.

Desde la perspectiva de esos sectores de la cultura que apoyan la re-reelección, Cristina Fernández sería una líder irreemplazable de un proceso de transformaciones sociales profundas que se estaría desarrollando en la Argentina y, por ese motivo, objeto central del ataque de los grandes poderes, en particular del poder mediático.

La re-reelección vendría a garantizar la continuidad del «Proyecto», definido como nacional y popular -o si se quiere, progresista-, una premisa, o más bien «una verdad», que reclama ser motivo de creencia, ya que sus contenidos nunca se formularon claramente ni se expusieron al debate público.

Después de casi una década de gobierno, se impone entonces la pregunta de qué es lo que ha cambiado. Obviamente ha cambiado la composición del grupo hegemónico en el poder. Pero no sólo no se ha modificado la dependencia, sino que cada vez es mayor la penetración y concentración de las corporaciones y la extranjerización de la tierra. Se sigue dependiendo del éxito de las cosechas, se impone crecientemente el monocultivo de soja y los beneficiarios son los grandes pools y las agroexportadoras. No se ha resuelto la crisis energética, de la vivienda, del transporte, de la salud, de la educación. La contaminación y el riesgo ambiental crecen de la mano de la megaminería y las demandas de los pueblos originarios por sus tierras son desoídas. Los muertos en las protestas sociales son la expresión más dolorosa del avance en la criminalización de las luchas sociales.

La respuesta a estos cuestionamientos, en el mejor de los casos, es la aceptación de «lo que falta» a cambio de la afirmación de una certeza, que nos exige complicidad, de que estamos en el camino de resolución de los grandes problemas del país.

Como fundamento de esa certeza, surge inmediatamente la comparación con la extrema situación de 2001 que ha dejado huella. Las vivencias de desamparo e indefensión, la sensación de disgregación del cuerpo social como apuntalador de la pertenencia y de la identidad, y la incertidumbre acerca del futuro quedaron inscriptas en la memoria colectiva como marcas traumáticas. Y las huellas traumáticas, como las de la dictadura o las de la crisis hiperinflacionaria, acechan como fantasmas al imaginario colectivo.

Frente a semejante comparación, es evidente que la situación social ha tenido algunas mejoras. En particular, y en el contexto de una situación económica favorable para toda la región, se redujo relativamente la desocupación, se consiguió cierta recomposición salarial y se tomaron algunas medidas paliativas para reducir la gravísima situación de los sectores más vulnerables. Esto ha producido cierto alivio y es la base objetiva sobre la que operan los discursos y las maniobras de manipulación de la opinión pública por parte del Gobierno. Pero después de casi una década, estos aspectos, en sí mismos, no son indicadores de ninguna transformación social.

El Gobierno sí tiene una percepción afinada de las necesidades y aspiraciones de amplios sectores sociales. Esta percepción la utiliza para impulsar la «sintonía fina» que significa hoy ir aplicando el ajuste por partes y por sectores diferenciales para enmascarar los reales intereses que defiende e impedir el desarrollo de una respuesta social unificada. Por otro lado, como hacía el menemismo, deriva a las provincias parte de esta «ingrata» tarea.

La expresión «esto es lo posible», que se utiliza como argumento universal y como una verdad indiscutible, funciona como elemento tranquilizador para la conciencia de algunos, pero sobre todo como instrumento de control social, marcando el campo estricto en el interior del cual deben canalizarse las inquietudes. Precisamente, el control social es eficaz en tanto que hace que se naturalicen las ideas y las acciones que propone el discurso hegemónico y, por lo tanto, habilita el camino a la instrumentación alienatoria.

Se establece una lógica binaria: o se está con el Gobierno, y en consecuencia con el proyecto nacional y popular que ellos encarnan, o se es parte de «la corpo». Este mecanismo de ubicar al otro según una lógica excluyente produce un efecto de culpabilización e intimidación que promueve el silencio y la parálisis. Desde esa perspectiva, a lo largo de todos estos años, han estimulado la división de todas las organizaciones sociales, práctica absolutamente contradictoria con su discurso de ser impulsores de la unidad nacional y popular.

En esa política de dividir, dividir, dividir, se inscribe la mecánica de la cooptación. Y lo más grave de ésta -que incluye no sólo el apoyo político, sino también la utilización de fondos públicos o el otorgamiento de puestos en el Estado- es que aquellos que son absorbidos abandonan sus demandas históricas en función del apoyo político que pasan a brindar.

Debemos reconocerle al kirchnerismo un acierto importante: siendo gobierno, ha logrado exhibirse como si fuera oposición. Esto se acompaña de un discurso épico en el que Cristina Kirchner se autoproclama abanderada de las necesidades y los anhelos de los sectores más desposeídos mientras enmascara los reales intereses que defiende.

Obviamente, mantiene oculta la enorme cuota de poder político y económico que ha acumulado en estos casi diez años, su papel hegemónico en las estructuras del poder real de la Argentina actual y la utilización que hace del Estado en función de su crecimiento como grupo económico.

También le reconocemos la «creatividad» discursiva y la arbitrariedad en el decir y no decir. Llamar desendeudamiento al pago de la deuda externa, apoyar a las corporaciones multinacionales como si éstas favorecieran el desarrollo industrial al servicio de intereses nacionales, defender el «truchaje» de los datos del Indec como ejercicios de libertad son ejemplos de esta «creatividad». El no decir, en particular, tuvo su expresión paradigmática en el silencio indiferente ante un hecho como la masacre de Once. También se expresó en la sanción del engendro fascistoide de la ley antiterrorista, como si ésta no hubiera sido producto de su propia decisión.

Reconocemos también la audacia. Cómo entender si no la sesión del Senado en la que se trató la expropiación de Ciccone, presidida justamente por Amado Boudou. Esta escena, que quisiéramos considerar como un paso de comedia, nos acerca, en realidad, al drama del ejercicio impune del poder que naturaliza la corrupción.

La crisis va develando, relativamente, lo que se pretende ocultar. Y lo engañoso se va haciendo más grosero y evidente. La evaluación oficial del valor de la canasta familiar no resiste el más mínimo análisis, ni siquiera desde el sentido común o de la experiencia de la vida cotidiana.

La ilusión de la excepcionalidad del «modelo argentino» ha entrado también en crisis.

© La Nacion.

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