Subsidios otorgados a familiares o amigos, producciones de televisión ilegales, películas quejamás se terminaron y una ley que se cumple a medias.
Subsidios otorgados a familiares o amigos, producciones de televisión ilegales, películas que jamás se terminaron, una ley que se cumple a medias y sospechas de corrupción. Son algunas irregularidades que envuelven a los fondos estatales del cine, una caja estimada en casi 400 millones de pesos, que recibe aportes del Ministerio de Planificación Federal y que crecerá aun más con el nuevo polo audiovisual.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) es la principal arca del Gobierno para hacer películas. Tiene un presupuesto de 380 millones de pesos y fue creado por una sencilla razón: ningún país –excepto Estados Unidos– puede tener un cine nacional sin ayuda del Estado.
Pero, como siempre, el problema no son los subsidios sino la forma de utilizarlos. La controversia comenzó en 2002, cuando Eduardo Duhalde firmó un decreto que brindó autonomía financiera al Incaa. A partir de entonces, la entidad comenzó a otorgar los llamados “3J”, beneficios que podían concederse discrecionalmente.
El Instituto repartió millones “a dedo” para amigos del poder, con poca experiencia en el rubro y que tardaron años en finalizar –o jamás terminaron– los proyectos. El funcionario duhaldista que autorizó esos subsidios fue Jorge Edmundo Coscia, hoy secretario de Cultura K, cuyas maniobras fueron denunciadas en la Justicia.
Hoy, el Incaa es conducido por Liliana Mazure, ex pareja del publicista kirchnerista Jorge “Topo” Devoto. Hasta ahora, la funcionaria no otorgó ningún “3J”, pero tiene otros problemas: el Instituto viene participando en producciones de TV, a pesar de que la Ley del Cine se lo prohíbe.
Esos programas –formalmente ilegales– fueron financiados por el Ministerio de Planificación Federal, comandado por Julio De Vido, otra caja que el Gobierno sumó para sus contenidos audiovisuales. El más conocido fue El Pacto, un audaz unitario sobre Papel Prensa. Su responsable fue Marta Cascales, pareja de Guillermo Moreno y socia en otros negocios de Alessandra Minnicelli, esposa del ministro que financió el proyecto.
Podría haber un “plan canje”
La construcción del Polo Audiovisual generó un debate en la ciudad. Sectores del gobierno de Mauricio Macri sostienen que, para que se pueda construir allí, es necesario que la iniciativa sea revisada y aprobada por la Legislatura. Fuentes del gobierno porteño recordaron que hace dos años, en el mismo lugar, el Gobierno nacional había anunciado la creación de una ciudad agropecuaria, que nunca se concretó.
“De existir un proyecto para hacer un Polo, esto tiene que ir a la Legislatura, porque no está permitido hacer ese tipo de emprendimientos en ese barrio”, explicó una fuente de Planeamiento Urbano.
Hay que recordar que el macrismo tiene pendiente la aprobación en la Legislatura del proyecto que permite la construcción de un nuevo barrio en la ex Ciudad Deportiva de la Boca, muy cerca de la Isla Demarchi, por lo que algunos legisladores PRO ya tejen las negociaciones para impulsar un “plan canje”: aprobación del polo si los diputados K les aprueban su nuevo Puerto Madero.
Sin embargo, en el Gobierno nacional cren que no es necesario que el proyecto pase por la Legislatura y avanzarán con su megaobra.
FUENTE: PERFIL
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