Gustavo De Marchi sostiene que la magistrada ordenó que sea sometido a requisas “periódicas” y “exhaustivas”.Por Claudio Leiva – Diario De Cuyo

Gustavo Ramón De Marchi, uno de los siete acusados que está siendo sometido a juicio oral y público por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la dictadura militar, denunció penalmente a la jueza de Ejecución Penal de la provincia, Margarita Camus, que es abogada querellante en ese proceso. Es porque sostiene que la magistrada ordenó a las autoridades del Penal de Chimbas que sea sometido a requisas “periódicas” y “exhaustivas”. La acusación es por usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Ninguno de los delitos tiene pena de prisión de cumplimiento efectivo, pero sí contempla la inhabilitación en el cargo.

El acusado, que se desempeñó en el RIM 22 en la época del golpe militar, fue el penúltimo en ser incorporado al llamado megajuicio en trámite que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de San Juan desde el 7 de noviembre del año pasado. Fue cuando estaba prófugo de la Justicia y fue detenido en Villa Gesell, el 27 de febrero pasado (ver aparte).

Según la denuncia penal, la jueza Camus, que es nieta del ex gobernador de San Juan, don Eloy Camus, y que es abogada querellante en el proceso porque fue detenida ilegalmente y sometida a interrogatorios y sesiones de torturas en el Penal de Chimbas, habría utilizado sus influencias para ordenar que los detenidos por este proceso, entre ellos De Marchi, sean sometidos a requisas periódicas. Como jueza de Ejecución Penal, Camus es la encargada de velar por los derechos de los detenidos y de autorizar, por ejemplo, los regímenes de salidas.

Como los detenidos por las causas de lesa humanidad están en el sector llamado de Enfermería en el Penal de Chimbas, están bajo el control del director de la cárcel, que es Leonardo Barac. Por eso De Marchi denunció que la jueza Camus le habría ordenado a Barac que disponga las requisas.

Ya en una audiencia del megajuicio otro acusado, Jorge Olivera, había exhibido un elemento corto punzante, un hecho que fue denunciado en su momento por la jueza Camus. Y que según sostiene De Marchi en su presentación, los miembros del Tribunal Oral Federal le restaron entidad porque “era manifiesta la carencia de peligrosidad”.

Después de ese incidente, De Marchi sostiene que fue sometido a una “anormal y brutal” requisa.

Si bien el megajuicio se tramita en el ámbito de la Justicia Federal, la denuncia llegó a la Justicia local porque el denunciante invocó el delito de violación de los deberes de funcionario público, es decir cometido por Camus como jueza de la provincia.

De todos modos, en ámbitos del Ministerio Público se comentó lo irrisorio de la presentación, tanto por el artilugio utilizado para llevar la causa al ámbito de la Justicia local como por la imposibilidad de que una jueza provincial cometa un delito en sede federal. Y adelantaron que la causa será desestimada en los próximos días.

Consultada por la denuncia, la jueza Camus manifestó que “si creen que con estas actitudes me van a intimidar, no lo van a conseguir”. Y agregó que “la verdad es que me causa risa porque se trata de una actitud infantil”.

También aclaró que “desde que soy magistrada, jamás he ordenado que se requise a nadie”.

La denuncia de De Marchi, que por supuesto está detenido y no puede salir del Penal, salvo para comparecer como acusado en el megajuicio, llegó a la Justicia Penal a través de la Fiscalía Penal de turno. Fue luego de que el militar retirado se la entregara al director del Servicio Penitenciario, Barac, quien la hizo llegar al Ministerio Público.

No es la primera vez que un acusado va contra los abogados querellantes porque, por ejemplo, en una ampliación de su indagatoria, Olivera habló de que iba a pedir un Jury de enjuiciamiento también contra Camus, a la que hacía responsable de las acusaciones que pesaban en su contra.

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