Lo dispuso Echegaray, jefe del organismo. La responsabilizan de la medida, que generó polémica y una denuncia.

María Gabriela De Castro, de 52 años, era funcionaria de la AFIP desde hace muchos años y estaba al frente de la Dirección Regional Oeste, con injerencia en una buena porción del conurbano. El titular de ese organismo, Ricardo Echegaray, decidió echarla tras responsabilizarla por la polémica social que generaron la exigencia de la AFIP a los vecinos de los countries para que le brindaran todo tipo de datos personales. Por este requerimiento, ayer un grupo de diputados opositores denunció penalmente a Echegaray, acusándolo de “abuso de autoridad”.

Según fuentes del interior de la AFIP, De Castro se enteró de su despido en una reunión realizada el martes . El viernes, tras el fuerte cacerolazo registrado en varias ciudades del país, Echegaray había citado a sus directores a esa reunión para darles nuevas instrucciones.

Pero los requerimientos de información a los countries ya se habían lanzado y la información salió publicada en el diario La Nación , generando una fuerte resistencia. Sin más, y a pesar de que él mismo fue quien dio la orden de recabar datos sensibles en esa franja social, Echegaray culpó del escándalo a la funcionaria de menor rango . Clarín intentó sin resultado consultar a De Castro.

En la Regional Oeste de la AFIP, sin embargo, sus compañeros enfatizaron que el envío de los requerimientos a countries había comenzado antes de que la imprevista protesta del jueves diera cuenta de un notable cambio del humor social, en buena medida explicable en disposiciones emanadas de la propia AFIP, como los controles en el mercado cambiario.

No es la primera vez que Echegaray responsabiliza a personal de menor rango por las consecuencias de algunas de sus decisiones. Pasó cuando la AFIP envió 200 inspectores a la redacción del diarioClarín en setiembre de 2009. En ese momento, el máximo jefe de los sabuesos echó la culta a tres directores y hasta prometió despedirlos. Luego, un sumario interno demostró que la orden había sido impartida por él mismo .

En este caso, queda claro que el error del organismo fue requerir a los habitantes de los countries que llenaran una planilla con datos personales que están protegidos por diversas normas, como el Código Penal y la ley 25.326, de protección de datos personales. Por eso, varios expertos recomendaron a los vecinos de los barrios cerrados que ni siquiera respondiesen el cuestionario de la AFIP. Entre otros datos sensibles, el organismo pretendía saber quiénes vivían en cada casa, dónde estudiaban los hijos o si habían viajado al extranjero.

Ayer, la polémica llegó a la justicia cuando los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Gabriela Michetti, que integran el denominado Grupo de Acción Política por la Unidad (GAPU), presentaron una denuncia acusando a la AFIP de “abuso de autoridad” . La denuncia contra Echegaray y otros funcionarios que intervinieron en el operativo sostiene que el organismo pretendía “recabar datos personales vinculados a la intimidad de las personas, mediante formularios cuyo completamiento se exige bajo apercibimiento de acciones administrativas de la autoridad impositiva”.

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