El Poder Ejecutivo deberá detallar de qué forma trabajan las residencias para mayores y cuántas personas viven allí.

Sede del Poder Judicial de SaltaEl Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta deberán informar a la Justicia en un plazo de cinco días cuántos geriátricos hay y en qué condiciones funcionan. Los datos se solicitaron en el marco de un recurso de amparo que denuncia que se vulneran los derechos de los adultos mayores en estos establecimientos.
La organización civil Red Sol y el gerontólogo Claudio Díaz iniciaron la semana pasada una demanda judicial que señala que se ignoran parámetros de salubridad o seguridad tanto en residencias públicas como privadas.
En el recurso de amparo también se acusa al Estado por no controlar los geriátricos y se asegura que muchos carecen de las habilitaciones correspondientes.
La jueza a cargo de la causa, Beatriz del Olmo, notificó ayer a la Municipalidad de Salta y al Gobierno de la Provincia sobre la denuncia, que se presentó con el patrocinio de la defensora oficial civil Natalia Buira.
La representante legal difundió que la jueza requirió que los demandados informen en cinco días cuántos hogares existen, cuántos están debidamente habilitados y en qué fecha se los supervisó.
Las autoridades también deberán detallar cómo se integran los equipos que están a cargo de cada institución y demostrar si hay personal capacitado en gerontología.
Además se solicitó especificar si los adultos mayores que viven en estas residencias dieron su autorización expresa para que los alojen allí y cuántos son.
Red Sol y Claudio Díaz sostienen que los geriátricos no brindan la asistencia adecuada y que tampoco ofrecen actividades recreativas.
Además, reclaman por la falta de políticas oficiales destinadas a limitar la cantidad de personas que permanecen en estos lugares.
Natalia Buira consideró que el Estado debería facilitar alternativas como acompañantes terapéuticos y subvenciones para quienes tienen a sus padres o abuelos a cargo y necesitan apoyo para no internarlos.
La defensora manifestó que es especialmente preocupante la situación en los psicogeriátricos. “Las personas recluidas en estos establecimientos son doblemente vulnerables, tanto por su edad como por su estado de salud mental”, señaló.
Los hogares estatales dependen del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta debe supervisar cómo funcionan los privados.
Consultada sobre el tema, la secretaria de Acción Social de la comuna, Ivette Dousset, había dicho a El Tribuno que se está tratando de regularizar las habilitaciones.
La funcionaria también había dicho que el servicio que brindan los hogares privados es “pactado” entre el prestador y los contratantes. “Las irregularidades deben denunciarse a la Justicia”, había indicado Dousset.

FUENTE: EL TRIBUNO

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