Los diputados Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza se hicieron responsables de iniciar la acción legar contra el Ministro de Comercio Interior, después que mandara a callar y echar de una reunión a la representante de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Adecua), Sandra González.
El juez Canicoba Corral fue señalado como quien se haría cargo de la denuncia penal por «maltrato y abuso de autoridad», contra el ministro de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, que el miércoles pasado mandó a callar y echó por la fuerza de una reunión a Sandra González, la titular de la Asociación  de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Adecua).

La presentación del caso fue anunciada por los disputados Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza, que aprovecharon para cargar contra el funcionario nacional que ha adoptado las “prácticas autoritarias del kirchnerismo”.

La denuncia se generó como consecuencia de un hecho desafortunado, en el que Guillermo Moreno respondió con una exaltación y brusquedad manifiesta a la titular de la Asociación  de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Adecua), durante una reunión donde había sido convocada para participar de la creación de «Consejo Asesor para Evaluar el Comportamiento Etico de las Asociaciones de  Consumidores».

Al respecto, González afirmó que «le pedí que me explique qué significaba ético para él; me dijo que me callara la boca, que no podía hablar y que cuándo él  quería, me iba a dejar hablar». Aunque lo más significativo no fueron tanto los términos empleados, como el tono y la vehemencia con que lo dijo.

Si bien desde el Gobierno, desmienten y le quitan validez a la declarado por la mujer presuntamente agredida, desde los fueros penales se señala que el juez Canicoba Corral será el encargado de realizar la investigación correspondiente, y en el caso de comprobar su veracidad, establecer la medida que se impondrá contra el funcionario, cuya personalidad le ha jugado en contra en varias ocasiones anteriores.

«Es tiempo de que Guillermo Moreno sea separado de su cargo por este tipo de hechos violentos que se están tornando costumbre en el ejercicio de su función pública al frente de la Secretaría de Comercio Interior», sostuvieron Bullrich y Arenaza.

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