Una de las principales es Lorena Gagliardi, una funcionaria del gobierno nacional; «Ella dijo públicamente que iba a ser la que iba a intervenir en el caso Clarín», advirtió un consejero

 Esta tarde, a las 15, el Gobierno intentará nombrar en el Consejo de la Magistratura al juez que deberá intervenir en la causa Gurpo Clarín. Entre los candidatos, figuran María Lorena Gagliardi, Silvina Bracamonte, Víctor Trionfetti, Carmen Palacios, Marisa Garsco, Marcelo Gota y Javier Pico Terrero.

La sesión, casi seguramente, será escandalosa: los consejeros kirchneristas no reúnen los dos tercios necesarios para nombrar al titular del Juzgado Federal Civil y Comercial número 1 y, por eso, buscan actuar por fuera del reglamento.

En la terna figurará María Lorena Gagliardi, que es desde hace cuatro años directora del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su padre, Josué Gagliardi, médico de Choele Choel, fue elegido por la lista del FPV como diputado nacional suplente en 2011 y tendría una relación estrecha con el jefe de los senadores K, Miguel Pichetto, quien tarde o temprano debería decidir sobre el pliego.

«A Gagliardi se le escuchó decir que iba a ser la que iba a ocupar el juzgado que debe resolver el caso Clarín. Salvo que a mí me pise un auto y yo no llegue, Gagliardi no podría ser designada porque no le dan los números. De ninguna manera puede suceder», manifestó Alejandro Fargosi, representante de los abogados de la Ciudad, vinculado al Pro.

Los consejeros kirchneristas, que impulsan la designación de una terna enteramente oficialista, planearían denunciar a dos consejeros no kirchneristas, el camarista Ricardo Recondo y el radical Oscar Aguad. De esa manera, el Gobierno, en lugar de computar los dos tercios sobre el total de 13 consejeros presentes, lo computará sobre 11.

El Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de la ley de medios, que estableció nombras que ponen límites al número de licencias de radio , TV y cable, pero que el Gobierno le exige cumplir sólo al Grupo Clarín, mientras que hace la vista gorda sobre su aplicación a los grupos privados que son favorables al Gobierno (por ejemplo, el Grupo Vila Mnazano).

La causa está muy avanzada, pero el Gobierno intenta demorarla, por miedo a que el fallo de primera instancia sea adverso. Por eso, esta tarde, el Poder Ejecutivo, a través de los consejeros kirchneristas, planean forzar la designación de sus candidatos.

LA DENUNCIA

La Justicia investiga el concurso realizado para elegir a los jueces que ocuparán cuatro estratégicos juzgados federales penales de Comodoro Py y el juzgado civil federal que deberá pronunciarse sobre el caso Grupo Clarín y la aplicación de la ley de medios.

Según informó LA NACION, la presentación fue formulada por Edgardo Carranza, titular de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y el Usuario, quien sostiene que ambos concursos habrían sido manipulados por operadores políticos y judiciales para favorecer a ciertos candidatos confiables para el Gobierno.

Por un lado, la denuncia apunta contra el concurso 258, donde está en juego el Juzgado Federal Civil y Comercial 1, en el que se tramita la causa Clarín, y contra el concurso 260, convocado para cubrir un cargo en la Cámara Civil y Comercial Federal. Ese fuero es el que permanece más independiente del Gobierno.

El otro concurso denunciado es el 140, para ocupar cuatro juzgados vacantes de Comodoro Py. La Comisión de Acuerdos del Senado tratará los pliegos este miércoles…

fuente: la nación

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