Están los que nunca abonaron una cuota. Otros empezaron bien, por alguna razón dejaron de cumplir y no se pusieron al día nunca más. Ya son 236 las demandas judiciales iniciadas contra deudores históricos de planes de vivienda y siguen llegando intimaciones.
 Para sectores de ingresos medios el nivel de morosidad es el mismo que en el resto de los complejos.

La extendida sensación de que no pagar la cuota de la casa otorgada por el Estado no tendría consecuencias va siendo reemplazada por una progresiva toma de conciencia acompañada de la voluntad de regularizar deudas históricas y, cada día, morosos con obligaciones de distinta magnitud van apareciendo a acordar planes de pago o, incluso, a pagar al contado la totalidad de lo que deben.
Es así desde la acción emprendida por el Gobierno en pos de corregir una histórica política débil de control y cobro de cuotas que produjo que a la fecha sean 18.000 los adjudicatarios de unidades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) que adeudan, en total, más de 125 millones de pesos.
La semana pasada se elevaron a juicio los expedientes de 171 personas y esta semana se sumaron otros 90. Se trata de adjudicatarios del departamento Paraná que fueron intimados y no se presentaron vencido el plazo de 10 días establecido ni después, en una última convocatoria realizada desde Fiscalía de Estado antes de accionar judicialmente.

LOS QUE PAGAN. En paralelo, son numerosas las personas que se presentaron al recibir la intimación y, también, quienes aún no fueron notificados pero acuden espontáneamente enterados a través de la prensa de las acciones emprendidas y de la posibilidad de suscribir convenios de pago para poner en orden un tema tan sensible como la propiedad de la casa que habitan.
Quienes se presentaron, optaron por las tres posibilidades disponibles: un plan de pago, la cancelación de la deuda atrasada o la cancelación de la totalidad de las cuotas, incluso las que aun no vencieron.
A quienes hacen un plan de pago se les refinancia la totalidad de la deuda -tanto el monto en mora como el que aún no venció- y se establece una nueva cuota que arranca en 500 pesos mensuales.
Los que cancelan la deuda atrasada continúan pagando normalmente sus cuotas y los que pagan al contado tanto los montos en mora como las cuotas por vencer acceden automáticamente a la escritura de su casa. En este último grupo, hubo casos de personas que en estos días pagaron de contado entre 20.000 y 65.000 pesos.

LOS QUE NO PAGAN. En las entrevistas con equipos interdisciplinarios del IAPV que evalúan cada situación y determinan cuáles son las posibilidades de cada familia para regularizar la deuda surgieron algunas explicaciones acerca del no pago de las cuotas y perfiles que se repiten.
Están los que jamás pagaron. También los que empezaron pagando en tiempo y forma y luego, por alguna razón, dejaron de hacerlo. Hay quienes retomaron y deben algún período y quienes, como veían que no pagaban y no pasaba nada, nunca más abonaron una cuota.
La crisis de 2001, especialmente sufrida en la provincia de Entre Ríos por la emisión de bonos federales y los atrasos en los pagos de salarios de la administración pública que alcanzaron los cuatro meses, también impactó en el sistema. Muchas personas dejaron de pagar entonces y, en muchos casos, no volvieron a ponerse al día.
“Como mi vecino no pagaba y no le pasaba nada, yo también dejé de pagar”, es otro de los argumentos que se escuchan en las reuniones. Y en los barrios y en los edificios de IAPV, por estos días, los habitantes en mora se dividen entre los que están decididos a pagar y quienes continúan con la percepción de que no pasará nada.
Pero poco a poco van tomando conciencia de que si no responden, terminarán en la justicia. Quienes están yendo a juicio son demandados por el monto total de la deuda. Cuando vayan saliendo las sentencias serán notificados y se les dará la posibilidad de que se presenten y paguen, ya no en cuotas, sino al contado.
Quienes no lo hagan serán pasibles de embargos en sus ingresos o sobre sus bienes muebles. También la ley prevé que puedan perder la casa, pero no es voluntad del gobierno llegar a eso, sino más bien recomponer el funcionamiento de un sistema de esquema solidario en el cual las cuotas que pagan unos se usan para construir casas para otros.

Acción en números

Las intimaciones son para morosos que adeudan más de 2.000 pesos. Vencido el plazo de 10 días, se elevó a juicio una tanda de 171 casos del departamento Paraná. Una última posibilidad de evitar el proceso judicial fue aprovechada por 25 adjudicatarios de ese grupo. Luego pasaron los 10 días del envío de otra tanda de 93 casos y tres personas se presentaron a arreglar. En total, hasta ahora, se judicializaron 236 casos.
Ahora se continúa en Paraná con el envío de intimaciones tanto a barrios como a edificios, donde en muchos casos viven familias de ingresos medios pero el nivel de morosidad es similar al del resto de los complejos. A la vez, se avanza en el interior de la provincia. Ya se enviaron intimaciones en los departamentos Uruguay, La Paz, Concordia, Gualeguaychú y Colón. Semanalmente se están enviando un promedio de 600 cédulas. En estos días estarán llegando las de Victoria y Diamante. Las acciones se complementan con la visita a las localidades de equipos del IAPV que se presentan para evacuar consultas y realizar planes de pago. Del departamento Concordia es el 27% de los deudores. Le sigue Paraná con el 19%, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay ambos con el 9% y el 36% restante se reparte en el resto de la provincia.

Otras irregularidades

La tarea de contralor y cruce de datos emprendida desde el Gobierno echó luz sobre otras irregularidades. Hay casos de viviendas que están alquiladas, cuando está prohibido hacerlo. También personas que fueron intimadas y se presentaron a explicar que su casa fue usurpada hace años, que no viven allí y que, por ende, no van a hacerse cargo de la deuda.
También familias que compraron casas del IAPV y cuentan con el correspondiente boleto y, aunque la deuda está a nombre del adjudicatario original y es a él al que le llegó la intimación, quieren pagar la deuda para conservar la casa.
Si bien de momento la prioridad es recuperar los montos adeudados, estas situaciones también están siendo estudiadas por el IAPV y la Fiscalía de Estado para definir los pasos a seguir.

Luciana Dalmagro
FUENTE: EL DIARIO DE PARANÁ

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