Municipio alquiló su nueva sede a familiares de un funcionario

La comuna pagará unos 30 mil pesos mensuales por el alquiler del edificio ubicado en Ruiz Moreno y Moreno, propiedad de la familia de un funcionario de la Asesoría Letrada del Ejecutivo. Sin compulsa de precios ni licitación, el gobierno de Goye firmó contrato para mudar oficinas a la nueva sede, que presenta severos inconvenientes edilicios según denunció el gremio SOYEM. El ahorro por su alquiler es de sólo 6 mil pesos por mes. En Bariloche no hay normativa de ética pública que impida este tipo de discrecionalidad. El Concejo Municipal anterior se negó a tratar un proyecto en ese sentido. El último antecedente cercano: los contratos millonarios a una empresa familiar de una ex integrante del Tribunal de Contralor.

Nuevo edificio municipal (foto Chiwi Giambirtone)

Rodrigo Guillermo Cano fue designado el pasado 13 de diciembre como abogado de la Asesoría Letrada del Ejecutivo municipal, con una remuneración equivalente a dos salarios básicos de la categoría 22 del escalafón, más zona fría: cobra mensualmente más de 10 mil pesos. Pero este no será el único ingreso familiar. En los últimos días, a través de una Resolución, el gobierno de Omar Goye cerró un contrato de alquiler del edificio que la familia del funcionario posee en Ruiz Moreno y Moreno, para el traslado de diversas dependencias municipales.

Se trata de un edificio que hasta hace pocos meses ocupaba un sector del INVAP, y que fue alquilado por el municipio a un valor que rondaría los 30 mil pesos mensuales, sin que mediara llamado a compulsa de precios ni lictación. El monto de la transacción obligaría al Ejecutivo a contrastar la oferta de la familia Cano con otras posibilidades, de acuerdo a la legislación vigente.

En todo caso, según pudo saber ANB, el inmueble es propiedad de familiares directos del abogado de la Asesoría Letrada que conduce Rodrigo García Spitzer, hijo del abogado personal de Goye.

La búsqueda del inmueble y la negociación del contrato quedó en manos de la Secretaría de la Función Pública y Control de Gestión, Nora Ceballos, quien recibió duras críticas del gremio de trabajadores municipales, SOYEM, por las malas condiciones en que se encuentra el edificio. De hecho, se duda que la próxima semana pueda comenzar la atención al público y las actividades cotidianas de los empleados debido a las refacciones que deben realizarse.

Fueron precisamente dirigentes del sindicato quienes informaron -en diálogo con la radio KM FM- que el inmueble era propiedad de la familia Cano.

En relación a la dispersión de edificios alquilados hoy por la municipalidad, el ahorro global por este nuevo contrato sería de unos 6 mil pesos mensuales. Allí mudará tres áreas y dos organismos: la Junta Electoral, la secretaría de Desarrollo Económico, y la Defensoría del Pueblo, además de la secretaría de la Función Pública, y el área de Medicina Laboral.

No existe en el ámbito local normativa que regule o limite la contratación municipal con familiares directos de funcionarios. El caso quedó expuesto cuando ANB publicó que la empresa familiar de la ex integrante del Triibunal de Contralor, Nora García, había sido beneficiada con contratos por más de un millón de pesos durante la gestión de Marcelo Cascón como Intendente (ver nota archivo en link aparte).

Oportunamente, el Concejo Municipal -en su anterior conformación- se negó a tratar un proyecto de ordenanza de Ética Pública, y el municipio nunca adhirió a los términos de la Ley provincial que establece claros límites a las posibles contrataciones del Estado en relación a los funcionarios.

Así, el caso del alquiler del edificio de la familia Cano no tendrá sanción legal alguna. De hecho -según confiaron fuentes del Centro Cívico a este medio-, el tema fue conversado entre funcionarios del Ejecutivo y el Tribunal de Contralor, pero el organismo de control no se habría expedido en torno al vínculo con el funcionario de la Asesoría Letrada, así como en relación a la discresionalidad en el contrato sin compulsa de precio ni licitación.

En caso que exista algún tipo de irregularidad en el proceso, Cano debería analizar su propia situación: es que desde fines de diciembre preside el Tribunal de Calificación y Disciplina, encargado de llevar adelante los sumarios iniciados al personal municipal por incumplimientos o mala conducta. (ANB)

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