Elisa de la NuezLa abogada del Estado, Elisa de la Nuez, en un artículo en El Mundo, recuerda que “si las sentencias de los tribunales (que son de obligado cumplimiento una vez firmes, según el artículo118 de la Constitución) no se cumplen voluntariamente, como pudiera ocurrir, resulta que hay que imponerlas. A veces por la fuerza si es necesario”.

“Así lo prevé nuestro ordenamiento jurídico, y no hay que escandalizarse por ello, lo hacen todos los ordenamientos jurídicos democráticos. Sin este último recurso a la fuerza el Estado democrático de Derecho se queda inerme”, añade.

“Así que en el caso de un referéndum ilegal (o de una Ley de Consultas previa) que hubiera sido suspendido por el Tribunal Constitucional tendríamos una resolución judicial firme que es de obligado cumplimiento. Y si no se cumple por las buenas, pues toca hacerla cumplir”, apunta.

“Es decir, que si no se suspendiera la convocatoria voluntariamente, habría que impedir su celebración. Y a lo mejor para hacerlo no hay más remedio que mandar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a retirar las urnas”, remarca.

De la Nuez cree que “el uso de la fuerza -monopolizada por el Estado- forma parte, como últimatario de la existencia de un Estado de Derecho. Sin necesidad de entrar aquí en análisis de teoría política del Estado que nos llevarían demasiado lejos, ésta es precisamente la gran conquista de los Estados democráticos modernos, el monopolio de la fuerza al servicio del cumplimiento de las leyes vigentes, empezando por la primera de ellas, la Constitución”.

“Para garantizar, entre otras cosas, que la voluntad de los catalanes, como la del resto de los españoles, se expresa de forma reconocible entre los países civilizados y las democracias, incluida la española, es por lo que si es preciso, habrá que usar la fuerza legítima para impedir consultas ilegales”, concluye.

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