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Aníbal dice que el per saltum kirchnerista no es igual al que usó Menem

El senador aseguró que «es incorrecta» la visión de querer presionar a la Corte para que tome casos favorables al Gobierno; aseguró que sólo se quiere «regular el marco» del mecanismo judicial

Tras la presentación que hizo ayer el kirchnerismo de un proyecto de ley para reglamentar el recurso del per saltum, el senador Aníbal Fernández aseguró hoy que es «incorrecta» la visión de que con la iniciativa se quiere presionar al máximo tribunal para que actúe en casos particulares, como ocurrió durante el menemismo.

El legislador, uno de los firmantes de la propuesta que intenta regular el mecanismo por el cual la Corte Suprema puede intervenir en una causa soslayando las instancias inferiores, aseguró que sólo se quiere «regular el marco».

«Queremos regular el marco y no un tema determinado», aseguró Fernández en diálogo con radio Vorterix, cuando le consultaron sobre el caso de la ley de medios, que llegaría a la Corte a través del per saltum. «Nosotros aprobamos el marco. Si sirve para alguna discusión, bienvenido sea», afirmó, sin hacer más precisiones.

Además de la rúbrica de Fernández, el proyecto lleva la firma del jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), pero es una reproducción de un dictamen de 2004 que nunca llegó al recinto, impulsado entonces por Cristina Kirchner cuando presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

El texto establece que el per saltum procederá en aquellas causas del fuero federal «en las que se acredite que entrañen situaciones de notoria gravedad institucional», un argumento frecuente usado por el Poder Ejecutivo.

Si bien el proyecto reconoce la facultad del máximo tribunal de rechazar el recurso extraordinario, también sostiene que su admisión implica la inmediata suspensión de la resolución recurrida.

Uno de los últimos antecedentes del uso de este instituto legal data de 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem hizo una presentación ante el máximo tribunal para destrabar la venta de Aerolíneas Argentinas a Iberia, que se encontraba demorada por un recurso de amparo presentado en un juzgado federal de Catamarca, ante cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Una situación similar sucede hoy, donde el gobierno kirchnerista está en disputa con los representantes del Consejo de la Magistratura que no responden a sus directivas para designar al juez que deberá decidir sobre el amparo presentado por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la ley de medios (que fuerza a la venta de señales y licencias), reclamando su inconstitucionalidad.

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