31 octubre, 2020

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EN URUGUAY SE PROFUNDIZARÍA MÁS PRESIÓN SOBRE LAS MIENRAS

La megaminería pagaría garantías

Gobierno envió texto al Parlamento; establece disposiciones retroactivas

Los proyectos de megaminería de gran porte que se desarrollen en el país deberán –además de pasar filtros ambientales y jurídicos y retribuir en impuestos una buena porción de sus ganancias– establecer tres tipos de garantías económicas. Según establece el proyecto de ley que el gobierno envió al Parlamento, la empresa que desarrolle ese tipo de actividad en el país tendrá que ofrecer garantías por cumplimiento del contrato, para atender posibles impactos ambientales que no pueda cumplir en su gestión y, además, para costear posibles arbitrajes internacionales referidos a la vinculación.

El texto del proyecto recoge lo debatido entre todos los partidos en la comisión especial que trabajó desde el año pasado, a partir de la polémica por la posible instalación de la minera Zamin Ferrous (Aratirí), que pretende extraer para su exportación cerca de 18 millones de toneladas de hierro durante 20 o 30 años.

El costo de la garantía para cubrir impactos ambientales será calculada por el Poder Ejecutivo de acuerdo a la estimación de los costos de implementación de todas las actividades previstas en el plan de cierre de la mina, que se comprende de un conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se deriven del desarrollo de las actividades mineras, así como las conexas.

La otra garantía referente al contrato, corresponderá a 5% del monto de las inversiones programadas por la empresa, y podrá presentarse por medio de un depósito bancario, una póliza de seguros o un aval bancario, y podrá ser ejecutada cuando el privado no cumpla con lo establecido en las condiciones del texto acordado con el Poder Ejecutivo.

Otro aspecto novedoso del texto enviado el martes al Parlamento es la retroactividad. Según lo indica el último capítulo del proyecto, dedicado a las disposiciones transitorias, los proyectos de minería de gran porte que se encuentren en actividad a la fecha de promulgada la ley, tendrán dos años para adaptarse al nuevo régimen.

Las sociedades anónimas que desarrollen actividades de este tipo deberán emitir acciones nominativas, dice el proyecto de ley. También deberán contratar auditorías internacionales para estudiar el impacto ambiental de sus proyectos, lo cual deberá ser puesto a consideración del Ministerio de Vivienda, aunque su contenido no será vinculante para la administración.

Impuesto y fondo intergeneracional
El proyecto del gobierno extiende la aplicación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) para la megaminería, y establece un extenso cálculo para los descuentos a las ganancias. Así, por ejemplo, si la empresa terminó con 50% de ganancias con respecto a sus ingresos, el Estado le descontará 20%. El 70% de ese dinero irá para un fondo “intergeneracional” que podrá ser invertido en tecnología para la educación y cambio climático.

fuente: el observador

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