Buenos Aires, 05 de noviembre de 2012. Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas alertaron sobre la falta de transparencia y garantías en el proceso que se lleva delante, de acuerdo a la Ley de Glaciares, para realizar el inventario de glaciares en zonas afectadas por proyectos mineros.
Los ambientalistas denunciaron en un documento conjunto la necesidad de incorporar un auditor externo al relevamiento que está realizando el ejecutivo provincial, como se establece en la legislación, teniendo en cuenta que el gobierno de San Juan negó sistemáticamente la presencia y afectación de glaciares en las zonas mineras, y es quien autorizó los proyectos metalíferos a cielo abierto que se desarrollan en ambiente periglacial.
“En San Juan, quieren mandar al lobo a contar las ovejas; el gobierno está realizando la auditoría que marca la ley sin ningún tipo de participación externa que brinde seriedad y garantice transparencia al proceso.” expresó Gonzalo Strano, coordinador de la Campaña de Glaciares de Greenpeace.
Las organizaciones destacan la importancia de que todo el proceso de auditorías y elaboración del inventario de glaciares sea realizado en forma absolutamente confiable, para poder proteger hoy, y a futuro, los recursos hídricos de la cordillera.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N°26.639) estipula, en su artículo 15, que las empresas ubicadas en zona glaciar y periglacial deben someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales actuales y potenciales generados por su actividad.
http://www.greenpeace.org/argentina/es/
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