20 octubre, 2020

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La Justicia egipcia examina el controvertido decreto de Mursi

El Tribunal Administrativo examinará en esa fecha las 12 denuncias presentadas contra el decreto, que piden el cese de su aplicación y su anulación.

EL CAIRO, Egipto.- El Tribunal Administrativo de Egipto estudiará el 4 de diciembre la validez de la declaración constitucional del presidente egipcio, Mohamed Mursi, que le otorga plenos poderes y que desencadenó una ola de protestas en el país africano, informaron ayer fuentes judiciales.

El juez Abdelmequid al Moqanan, vicepresidente del Consejo de Estado egipcio, anunció que el tribunal examinará en esa fecha las 12 denuncias presentadas contra el decreto, que piden el cese de su aplicación y su anulación, en declaraciones a la agencia estatal egipcia de noticias Mena

Los recursos, uno de ellos remitido por el presidente del poderosos Club de Jueces, Ahmed el Zind, afirman que esa declaración «viola todas las Constituciones y las leyes», informó la agencia de noticias EFE.

Según el magistrado egipcio, las denuncias también indican que Mursi, como jefe del poder Ejecutivo, no tiene derecho de emitir declaraciones constitucionales sin recurrir a un referéndum supervisado por los jueces.

Otras denuncias acusan también al presidente islamista de abuso de poder por blindar sus decisiones y poderes frente a la Justicia y apuntan que las decisiones del presidente son administrativas y pueden ser sometidas a recursos ante los tribunales administrativos.

Mursi declaró el jueves pasado que todas sus decisiones son definitivas e inapelables ante la Justicia hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución y que las actuales Cámara alta del Parlamento y Asamblea Constituyente son indisolubles.

Precisamente, Mursi decretó una enmienda constitucional que impide la apelación de sus decisiones ante cualquier instancia judicial, una decisión adoptada tras haber recibido una ola de elogios de Estados Unidos y otros países por haber logrado una tregua entre Israel y Hamas.

También ordenó que se vuelva a juzgar a su antecesor en el poder durante más de 30 años, Hosni Mubarak, por la represión mortal de la revuelta que lo derrocó en el marco de la primavera árabe, en febrero de 2011.

Modificando la Constitución que rige de manera provisional desde la caída de Mubarak, Mursi también decretó la inmunidad del panel encargado de redactar una nueva Carta Magna respecto de cualquier fallo judicial a favor de su disolución.

La medida fe criticada por la oposición, que acusó al mandatario, que ya ejerce el Poder Ejecutivo y el Legislativo, de haberse proclamado «nuevo faraón» de Egipto.

Tras el anuncio de esta controvertida decisión, muchos egipcios se lanzaron a las calles y los disturbios, que se extendieron por todo el país, causaron hasta el momento un muerto y más de 440 heridos, de acuerdo a los datos difundidos ayer por el Ministerio egipcio de Sanidad.

La decisión de que el Tribunal Administrativo de Egipto estudie la semana que viene la validez del decreto emitido pro Mursi se conoce en una jornada en que el mandatario tenía previsto reunirse con los principales jueces del país para tratar de resolver la crisis generada por su atribución de poderes.

El Consejo Supremo de Justicia de Egipto calificó la decisión de Mursi de «agresión sin precedentes contra la independencia del Poder Judicial» y las fuerzas opositoras acamparon en protesta en la mítica plaza Tahir de El Cairo enfrentando la represión policial.

También miles de seguidores de Mursi salieron a las calles el domingo por la noche en diversas ciudades para expresar su apoyo al mandatario.

De hecho, un alto dirigente del Partido Libertad y Justicia (PLJ) -creado el año pasado por los Hermanos Musulmanes para participar de los comicios presidenciales-, dijo al diario Al Shorouk, que Mursi «ha recibido mucho apoyo de la población desde que hizo la declaración constitucional el pasado jueves» y no tiene previsto modificar esta controvertida decisión.

En opinión del representante del PLJ, formación que Mursi lideró hasta asumir como presidente el 30 de junio pasado, existe una «conspiración» para derrocarlo, y en ella participan los jueces y los medios, informó la agencia de noticias DPA.

Mientras tanto, los representantes de los medios de comunicación egipcios se retiraron de la Asamblea Constituyente dominada por islamistas que está elaborando una nueva Constitución para el país, debidos a que se ignoraron todas sus propuestas para proteger la libertad de prensa.

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