28 octubre, 2020

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Piden que declare Cristina e indaguen a De Vido

Una de las querellas pidió ante la Cámara Federal que la Presidenta para que diga si estaba al tanto de la situación de los trenes y que el Ministro de Planificación sea investigado como jefe de una asociación ilícita.

¿Por qué los funcionarios del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Transporte no controlaron los subsidios de más de 3 mil millones de pesos que recibió TBA? ¿Cómo es que esos mismos funcionarios nunca efectuaron denuncia alguna sobre el uso de los fondos transferidos desde el 2000 hasta que se le retiró la concesión a TBA? Esas son dos de preguntas que una de las querellas de la Tragedia de Once quiere que responda la presidenta Cristina Kirchner.

El abogado Gregorio Dalbón presentó hoy, ante la Sala II de la Cámara Federal, un pedido para que la Presidenta sea citada a declarar como testigo en el marco de la causa por el choque de tren de Once en el que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. También para que el ministro de Planificación, Julio De Vido, sea llamado a indagatoria e investigado como jefe de una asociación ilícita.

 

La querella de Dalbón, que representa a unas 400 víctimas del choque, sostiene que De Vido es el jefe de una asociación ilícita formada por funcionarios del Estado, empresarios y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que formaron una cadena de la felicidad” destinada a aumentar sus ganancias.  

 

La investigación de la causa, en manos del juez Claudio Bonadio, ha “desenmascarado una maniobra de magnitudes inimaginables e insospechadas, poniendo al descubierto mecanismos a través de los cuales multimillonarias sumas transferidas por el Estado Nacional durante años, que debían haber sido utilizadas para que la empresa concesionaria (TBA) mejore la infraestructura del servicio ferroviario (…) fueron, en realidad, utilizadas para el enriquecimiento ilícitode los directivos de dicha empresa ante la absoluta pasividad de los funcionarios públicos que tenían la obligación de controlar que ello no sucediera”, dice el escrito que solicita que se cite a Cristina Kirchner como testigo.

Dalbón solicitó a los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah que procese por asociación ilícita a todos los funcionarios públicos involucrados en la causa y que sume a Julio De Vido como jefe y no sólo a los dueños de TBA.

 

En octubre pasado, el juez Bonadio dictó el procesamiento de los dos primeros secretarios de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, pero por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber controlado debidamente el modo en que TBA explotaba el Sarmiento. Y a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa, por manejar una asociación ilícita destinada a utilizar en su provecho los subsidios. Los procesados apelaron esa decisión y ahora Dalbón le pidió a la Cámara Federal que los incluya a todos dentro de la figura de la asociación ilícita.

 

Su querella pidió desde el comienzo que De Vido sea imputado y citado a indagatoria. “Hay plena responsabilidad del Estado en la tragedia. No coincidimos con el juez en la calificación que les ha dado a estos señores. Si hay asociación ilícita, como bien señaló Bonadio, el Estado tiene que ser parte de esa organización. Si millones de pesos en subsidios eran despilfarrados por el concesionario, el concedente, el Estado, tenía que controlar. El ministro de Planificación no puede estar al margen”, dijo Dalbón y solicitó que se lo investigue de igual manera que a los dueños de TBA.

Por otra parte, la querella también pidió que se revoque el sobreseimiento del maquinista Marcos Antonio Córdoba por considerarlo “partícipe necesario del hecho porque manejaba el tren” y porque “tenía pleno conocimiento de las graves fallas” de la formación de la línea Sarmiento que chocó en Once y que nunca reportó. Córdoba se subió a ese tren sabiendo que “tenía anulado un dispositivo de freno de emergencia”, dice la presentación. Según la querella, esas circunstancias fueron determinantes para que la tragedia se produjera.

 

También solicitó que se revoque el sobreseimiento de Antonio Eduardo Sícaro, interventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte -desde fines del año 2007 hasta agosto pasado- por considerarlo parte de la asociación ilícita, tal como había planteado el fiscal Federico Delgado.

Dalbón también solicitó la marcha atrás de la falta de mérito de Antonio Cirigliano, asesor administrativo financiero de TBA ya que no podía ser ajeno “a los manejos espurios de los fondos asignados a dicha empresa”, en referencia a los subsidios.

La Sala II de la Cámara Federal deberá también decidir si aumenta el monto del embargo ordenado por Bonadio sobre los bienes de los directivos de TBA, sus empresas vinculadas y de los funcionarios públicos “por considerarlo exiguo”. Hasta ahora, el embargo es de 600 millones de pesos y Dalbón reclama que se aumente  a unos 3 mil millones pesos, la misma cifra que la empresa recibió por subsidios desde 2000 hasta que se le quitó la concesión en mayo de este año.

 

Por último, pidió que se abra una causa en paralelo, con otro juez, que investigue ese tema para no mezclarlo con el accidente. “Sólo la pericia contable tiene 26 cuerpos”, ejemplificó Dalbón. “Está muy bien que se investiguen los subsidios y vamos a acompañar esa causa como querella, pero que no se mezclen los temas. Las víctimas necesitan Justicia ya”.

CLARÍN

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