30 octubre, 2020

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Operativo Independencia: hubo procesamientos masivos, pero desvincularon a Isabel Perón

Un juez federal decidió procesar a 40 personas, entre policías, civiles y militares; alcanza a Videla, pero dice que la ex presidenta no sabía nada

 La justicia tucumana procesó a 40 imputados, entre ellos militares, policías y civiles, por los delitos de torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado » Operativo Independencia «, antes del golpe militar de 1976.

El juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso la medida en un fallo de 500 fojas en el que procesó a los ex policías Roberto «El tuerto» Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido; el ex dictador Jorge Rafael Videla; el ex gobernador de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luís Labayru. En tanto, dispuso además el procesamiento de los civiles Miguel Angel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, entre otros.

En su fallo Bejas aclaró los motivos por los cuáles no llamó a declaración indagatoria a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el «Operativo Independencia», que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y que fue comandado por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, en la antesala del Golpe Militar, tras el cual se produjeron masivas violaciones a los derechos humanos .

 

El Operativo Independencia fue una de las acciones del gobierno constitucional contra la guerrilla en la década del 70.

 

Para justificar la desvinculación de la ex presidenta, el magistrado señala «discordancias» que «presentan la imputación efectuada a la entonces presidenta de la Nación como débil y confusa, en tanto si el Ministerio Público Fiscal considera que durante el Operativo Independencia las Fuerzas Armadas actuaron con la aquiescencia o autorización de las autoridades civiles de la época».

«Las acusaciones no podrían acotarse a la figura de la presidenta, debiendo también captar ministros, legisladores, gobernadores y jueces, es decir un espectro representativo del gobierno civil cuyo accionar estaría comprometido con la comisión -o con la no evitación- de los hechos delictivos investigados en autos», estableció el auto de procesamiento.

Además, indica que «a la luz de la prueba substanciada a la fecha, este magistrado considera que se encuentra demostrado con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que desde el año 1974 las FFAA y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista «.

«Dicho plan represivo, dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultra derecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como fue por ejemplo la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) dirigida por el entonces Ministro de Bienestar Social José López Rega», resalta.

Además, Bejas avanzó en la investigación de delitos sexuales cometidos contra mujeres detenidas y también violaciones a hombres que estaban ilegalmente detenidos en centros clandestinos de detención.

El 5 de febrero de 1975 la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto «secreto» en el que ordenaba al Ejército iniciar el «Operativo Independencia«.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, durante el «Operativo Indepedencia», «fueron sistemáticos los secuestros, la desaparición de personas y las torturas en el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país conocido como «La Escuelita», que funcionaba en la escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá.

La acusación de la fiscalía explica que el Operativo Independencia «consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror».

LA NACIÓN

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