19 octubre, 2020

FM Cosmos

Últimas noticias de San Juan, Argentina hoy

El modelo catalán de centros de trabajo para discapacitados, en crisis

La mayoría de los 208 CET de Catalunya son muy pequeños, de origen familiar y reticentes a adoptar economías de escala | Uno de los mayores centros de España está en Barcelona y sobrevive por su enfoque empresarial

El modelo catalán de centros de trabajo para discapacitados, en crisis

Los recortes y los retrasos en los pagos públicos han puesto en serios apuros a muchos Centros especiales de trabajo (CET), los centros ocupacionales destinados a personas con alguna discapacidad. Sin embargo, la crisis que atraviesan no es solo de liquidez: la tradición asociativa catalana ha generado con las décadas un modelo muy plural pero insostenible en la economía global actual. Mientras que en muchas provincias españolas hay apenas uno o dos grandes CET, en Catalunya hay hasta 208 activos, la mayoría con pocos usuarios, de ámbito local y origen familiar. La recesión económica no entiende de sociologías y hoy castiga muy duramente a los que no adoptan la estructura y agilidad propias de una empresa, un talante que dista mucho de la filosofía terapéutica de la mayoría de entidades.

«Los Centros especiales lo estamos pasando muy mal con la crisis. En 2012 han cerrado ocho y hay varios que cuelgan de un hilo, además de que muchos han tenido que despedir a gente o incluso hacer un ERE», relata Julio Martínez, vicepresidente de la Federación de CET de Catalunya (FECETC). Calcula que los despidos alcanzaron a unas 400 personas discapacitadas, que vuelven a casa y no tienen vías alternativas de inserción. Según los últimos datos publicados por la Generalitat de Catalunya, los CET vehiculaban en 2010 el 55’5 de los contratos entre la población discapacitada, aunque el porcentaje hoy será superior por el desplome del mercado de trabajo ordinario. «Los centros más pequeños son los que lo pasan peor, porque dependían mucho de contrataciones de su ayuntamiento o de la comarca», subraya Martínez. «Además, ahora les ha entrado competencia en sus nichos de mercado tradicionales, por ejemplo en concursos públicos de poco volumen, donde antes nunca se presentaban las grandes empresas», lamenta. Su pronóstico para 2013 es realmente pesimista.

Para los pequeños CET es vital la ayuda pública. Tanto en forma de encargos, que han bajado por la reducción de presupuestos, como en subvenciones. Por ley, todos los CET reciben del Ministerio de Trabajo tres tipos de ayudas: una aportación del 50% del salario mínimo interprofesional, contratos exentos de Seguridad Social y un plus por inversiones y creación de empleo. En total, entre 80 y 90 millones de euros anuales deberían sustentar los cerca de 12.000 trabajadores que emplean los CET en Catalunya. Un informe reciente cifra por primera vez el retorno social directo de esta inversión: por cada euro público, 2’09 retornan a la sociedad.

Sin embargo, antes de la crisis el sector crecía a gran velocidad –empujado por la contratación pública– mientras la transferencia económica permanecía inmóvil. No cubría todos los puestos de trabajo generados, así que la Generalitat asumía la diferencia para que los pagos estuvieran al día. En mayo de 2012 Trabajo congeló la tercera línea de ayudas (el plus) y la Generalitat cada vez alcanzaba menos a cubrir la diferencia de la primera y la segunda líneas. Al cerrar el año, el déficit acumulado había hecho caer la aportación anual hasta los 40 millones de euros, la mitad de lo que dicta la ley. El paro entre la población activa con alguna discapacidad supera ya el 60%.

Desconfianza externa, fractura interna
A esta falta de liquidez se suman otros factores, como la crisis de confianza de los privados hacia este tipo de centros. Las empresas que, por imperativo legal o por Responsabilidad Social Corporativa, delegan una parte de su producción a un CET o lo contratan como proveedor se dan cuenta de su fragilidad. Algunas se echan atrás por miedo a que quiebren y no finalicen el servicio. La FECETC tiene constancia de varios casos y asegura que se extiende la petición de garantías firmadas antes de formalizar encargos. Algunas multinacionales, entidades financieras y grandes constructoras han creado sus propias empresas de inserción, con frecuencia orientados a trabajadores con bajos grados de discapacidad, para cubrir más fácilmente su porcentaje obligatorio de plantilla discapacitada.

La escasez de recursos públicos ha reavivado un debate social y político que subyacía, sobre la prioridad de los discapacitados más graves. Los centros con mayor índice de personas con especiales dificultades –la etiqueta técnica para designar a quienes padecen afectaciones físicas superiores al 65%, psíquicas por encima del 33%, parálisis celebral o trastornos mentales– habían gozado de una discriminación positiva durante 2009, 2010 y 2011. Trabajo los compensaba con mayores subvenciones por enfrentarse a más trabas en su labor de integración laboral y generar un beneficio social añadido. Sin embargo, la reducción de fondos públicos ha provocado la equiparación de las ayudas, para que lleguen a todos los centros. «Es un debate aún sin conclusión pero que ya ha generado fracturas internas en el sector», afirma Martínez. Calcula que en Catalunya la proporción de CET dedicados preferentemente a discapacitados especiales ronda el 65%, por encima de la media española (40%) y la demografía real (50%). Este segmento tiene sus problemas específicos, como una vida laboral más corta. Y un gran reto, el envejecimiento simultáneo de los usuarios y su entorno familiar.

Hacia un nuevo modelo
La especificidad del modelo catalán, sostiene Martínez, requeriría una voz unificada para defender mejor sus intereses en la Conferencia Sectorial, el órgano del Ministerio de Trabajo donde se debaten las líneas estratégicas inmediatas y futuras. En las últimas semanas, representantes de las principales entidades de Catalunya (FECETC, DINCAT, ECOM, varias organizaciones de enfermos mentales…) se han reunido para trabajar en esta dirección.

En clave interna, el sector precisa reformas importantes. Martínez apunta algunas de las más urgentes: composiciones más heterogéneas de los usuarios, adelgazar estructuras, compartir espacios y contratar conjuntamente a los profesionales externos (psicología, logopedia, ortopedia…). «Los CET sostenibles serán los que puedan adoptar una economía de escala –mayor producción, mayor rendimiento– y ofrecer un amplio abanico de productos y servicios propios», prevé. Actualmente sólo el 17% de los CET tiene más de 100 trabajadores. La fusión de entidades cercanas geográficamente podría resultar muy beneficiosa, incluso imprescindible. La comarca del Barcelonès, de sólo cinco municipios, acapara el 71% de la contratación vía CET.

La reticencia al cambio de modelo, por ahora, es muy alta entre los CET pequeños, que defienden su filosofía de espacios de proximidad, hechos a medida de las personas concretas que atienden. Muchos fueron fundados por los padres y hermanos de los usuarios, más como complemento terapéutico y de adquisición de autoestima que como iniciativa de inserción laboral real. Por encima de todo valoran la estabilidad emocional y la protección de sus familiares, en especial cuando tienen altos grados de discapacidad. La idea de convertirse en pseudoempresas más bien les aterra.

Casos de éxito
No todo son malas noticias. Pese al cúmulo de dificultades, hay centros muy emprendedores y que gozan de buena salud. Referentes como la Fundación CARES, por ejemplo, que se estableció en pleno Puerto de Barcelona especializándose en logística y ahora crece gracias a la ola de exportaciones. Otros CET también han asaltado con éxito el mercado general, con servicios de vending para oficinas o artículos de marca blanca para cadenas de distribución. El pasado 13 de diciembre un grupo de 37 CET convocó una jornada «proactiva» en el Palacio de Congresos de Barcelona, llamada Business With Social Value (BWSV), para ‘vender’ sus más de 200 productos y servicios a las 150 empresas asistentes. También hay entidades que complementan los ingresos del taller de ocupación con los de una residencia o pisos tutelados.

Uno de los casos de éxito destaca especialmente, porque aúna la visión empresarial y el trato individualizado. Grupo SIFU es uno de los centros especiales de trabajo más grandes de España, con 2.500 trabajadores a su cargo, 200 de plantilla y 32 oficinas. La sede central, con la empezaron en 1993, está en Barcelona ciudad. Ofrece un amplísimo catálogo de servicios, desde jardinería hasta asesoría jurídica o fabricación de material de oficina.

Cada nuevo usuario que les llega pasa por un circuito 100% personalizado, basado en la filosofía de hacer emerger «las capacidades de cada discapacitado». «Estudiamos mucho su perfil, qué tareas puede hacer y cuáles no, si necesita formación para hacerlas se la damos y si es necesario ampliamos la cartera con un nuevo servicio, para ofrecer aquello que esta persona sabe hacer y hará muy bien», explica Cristian Rovira, vicepresidente de la firma. Transcurren unos tres meses de media hasta su incorporación al puesto de trabajo, cifra. Cada año abren dos nuevas líneas de negocio, según las ‘capacidades’ que han incorporado en los últimos meses: «No todas las líneas funcionan, pero sí la mayoría». Para 2013 tienen previstas las de Call center y Reprografía y digitalización de documentos.

Reconoce que muchos CET no tienen la agilidad de SIFU para innovar y adaptarse, pero es optimista por naturaleza y confía que la reconversión vendrá de la mano del cambio demográfico que vive el colectivo. «Los avances médicos reducen cada vez más las discapacidades congénitas, con lo que aumenta la proporción de sobrevenidas», señala. La edad media del primer grupo va en aumento y poco a poco se retirarán de la vida laboral. En cuanto a los discapacitados a causa de accidentes o enfermedades, «son personas acostumbradas y con ganas de trabajar, solo que no pueden dedicarse a la misma actividad de antes y necesitan ayuda para recolocarse», argumenta.

«Para insertar realmente a una persona discapacitada, el cliente tiene que quedar satisfecho y apreciar la calidad de su trabajo, además de poderle evaluar como a cualquier otro trabajador», recalca Rovira. «Para que la relación laboral dure, tienen que contratarle por competitividad y satisfacción con el resultado, no por caridad», avisa. El gancho para convencerle, claro está, es que contratar a un discapacitado es mucho más barato, principalmente por la exención del pago de la Seguridad Social: «La mayoría de empresas se nos acercan con montones de prejuicios y miedos; pero cuando se dan cuenta que pueden obtener un servicio de la misma o más calidad que en el mercado estándar y además les sale más económico, vuelven seguro».

Leer más: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130107/54358822441/modelo-catalan-centros-trabajo-discapacitados-crisis.html#ixzz2HJLJCeNg
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia

Comments

comments