Testigo vinculó a acusados con las sesiones de tortura

Se trata de los militares retirados Alejandro Lazo, Gustavo De Marchi y Juan Del Torchio.Por Claudio Leiva – Diario De Cuyo

En la reanudación del megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia tras el golpe militar del ‘76, la testigo María Cristina Anglada, la primera en declarar ayer, relató que los militares retirados Alejandro Lazo, Gustavo De Marchi y Juan Francisco Del Torchio, 3 de los 7 acusados en el proceso, eran los encargados de llevar y traer a los detenidos en las sesiones de tortura en el Penal de Chimbas. Contó que los veía por una mirilla desde su celda y sabía que los detenidos iban o venían de los brutales interrogatorios por el mal estado en el que regresaban, varios incluso con dificultades para caminar y muy golpeados.

El dato no es menor porque hasta ahora las víctimas de las torturas en el megajuicio manifestaban que no podían reconocer a los represores porque estaban encapuchadas y siempre con las manos atadas.

Además de estos 3, identificó a Jorge Olivera, otro de los acusados en el proceso, y a Eduardo Daniel Vic, quien se encuentra prófugo, como otros participantes en el trámite de trasladar a las víctimas a los centros de detención, por ejemplo al RIM 22 o al Penal de Chimbas.

El testimonio de Anglada, que por momentos se quebró y no pudo contener sus lágrimas y que hizo su relato con una psicóloga sentada a su lado, fue desgarrador porque contó que durante su detención, que se prolongó desde el 26 de marzo de 1976 hasta el 21 de diciembre de 1977, fue violada y vejada por 4 ó 5 hombres. Y supone que fue en el RIM 22 porque dijo que escuchaba voces de mando y que se hacía una formación de lo que cree eran soldados todas las mañanas (ver aparte).

Anglada era una empleada de la Dirección de Comunidades del Ministerio de Bienestar Social durante el Gobierno de don Eloy Camus y por su función, además de ser militante del PJ, le tocó intervenir en una gestión de fondos del Gobierno de Venezuela para hacer ayuda social en las villas carenciadas. Pero la acusaron e incluso le armaron una causa penal sospechada de haber manejado dólares se supone que para actividades guerrilleras.

Si bien un grupo de tareas había allanado su casa, en el Barrio Del Carmen, la misma noche del golpe, recién la detuvieron 3 días después. Primero la llevaron a la Central de Policía, donde permaneció 2 meses en la Brigada Femenina, durmiendo en un sillón y con periódicos interrogatorios del jefe de la Policía de San Juan, Rubén Ortega, quien le hacía preguntas con el arma sobre el escritorio para intimidarla.

Pero el verdadero calvario de la mujer empezaría después cuando le vendaron los ojos, la ataron y la dejaron en una celda en la Alcaidía de Mujeres, sin poder comunicarse con nadie. Después vendría la violación, supone que en el RIM 22, y luego finalmente la trasladaron hasta el Penal de Chimbas, donde llegó a ser la única mujer detenida en su momento. Y compartió la prisión con los hermanos José Luis y César Gioja, Daniel Illanes, Francisco Camacho, Juan Carlos Salgado y Juan Neffa, entre otros.

Allí, al ser la única mujer detenida, volvió a sentir el temor de ser violada nuevamente porque incluso en una oportunidad en la que volvía de bañarse, un gendarme, al que no identificó, ingresó armado con ella a la celda e intentó abusar de ella. Pero gracias a sus gritos y al desorden que armaron los otros detenidos, que estaban alertados de que la podían atacar, pudo evitar la acción.