25 octubre, 2020

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El Senado aprobó el proyecto que limita las cautelares contra el Estado

El oficialismo impuso su mayoría y avanzó con la iniciativa que el Gobierno vincula directamente a su pelea con el Grupo Clarín; se aceptaron cambios pedidos por el CELS; fuerte rechazo de la oposición

Por Gustavo Ybarra  | LA NACION

La mayoría kirchnerista del Senado completó ayer su cuota en el tratamiento exprés de la polémica reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo, al aprobar el proyecto de ley que establece fuertes límites a la posibilidad de presentar medidas cautelares contra el Estado.

A pesar de los severos cuestionamientos de todo el arco opositor a la constitucionalidad de la medida y su vinculación con la disputa del Poder Ejecutivo con el Grupo Clarín, el oficialismo y sus aliados lograron aprobar el proyecto por 39 votos a favor y 29 en contra. En el mismo momento de la votación, miles de personas realizaban en las calles un nuevo cacerolazo en protesta contra las políticas de la administración de Cristina Kirchner.

Ahora, las restricciones a las medidas cautelares, junto con la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de tres cámaras de casación, aprobadas anteanoche por la Cámara alta, serán debatidas por la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo pretende convertirlas en ley el miércoles próximo.

La controversia generada por el proyecto de regulación de cautelares provocó una ligera crisis en el propio seno del conglomerado kirchnerista, que quedó reflejada en la disputa pública que mantuvieron la semana pasada durante el debate en comisiones el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.

Ayer, el oficialismo saldó esa disputa de manera salomónica, introduciendo una serie de modificaciones que contemplan las posiciones de ambos contendientes de aquel debate. Así, a pedido del CELS, se amplió a «sectores socialmente vulnerables» la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de tener el punto de vista del Estado. También se excluyeron «los conflictos laborales», es decir, huelgas o paros, de los recursos que, a partir de la sanción de esta iniciativa, podrá interponer el Estado cuando vea afectados sus intereses.

«No vamos a cercenar ningún derecho de los ciudadanos, sino que, por el contrario, los vamos a proteger», argumentó el kirchnerista Pedro Guastavino (Entre Ríos), quien justificó la limitación de las medidas cautelares en la necesidad de «terminar con los negocios que produce el uso indiscriminado de este recurso por sectores ligados a la economía concentrada y por los grandes estudios de abogados de Buenos Aires».

Por el contrario, el radical Luis Naidenoff (Formosa) aseguró que «más allá del mentado discurso de la lucha contra las corporaciones, los mayores perjudicados serán los ciudadanos y, sobre todo, los sectores más vulnerables».

«La vida no es Clarín, la vida de la gente va mucho más allá de la confrontación que se pueda tener con un grupo», agregó.

«PATENTE DE CORSO»

Por su parte, Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) fue más duro, y aseguró que «aprobar esta ley es darle patente de corso al Poder Ejecutivo». Y agregó: «Creo que este gobierno no va a tener que buscar más paraísos fiscales, porque va a tener un paraíso judicial».

La salteña Sonia Escudero (PJ) también relacionó el proyecto con la ley de medios. «El ciudadano de a pie no tiene ninguna responsabilidad en este conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín», afirmó. La legisladora tachó de inconstitucional el texto, al considerar que «afecta el acceso a la justicia» de los ciudadanos y limita la «facultad jurisdiccional de los jueces» al limitar a seis meses, prorrogables por igual período, la facultad que tienen de dictar medidas cautelares contra el Estado.

Por su parte, la peronista Liliana Negre de Alonso (San Luis) negó que el Estado sea un actor débil en el sistema judicial acosado por grandes intereses económicos, y se preguntó por qué el Poder Ejecutivo no apunta su mira a la actuación de los abogados que deben defender sus intereses. «Los funcionarios del Estado tienen responsabilidad, los abogados defienden a su cliente y si les conviene cierta estrategia procesal, tienen su derecho», explicó.

La senadora puntana también coincidió en tildar el proyecto de violar derechos. «La tutela cautelar es la garantía de las garantías; esto estamos atacando y regulando, en perjuicio de los ciudadanos», sentenció.

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