En el escrito, la ONG, una de las más importantes en materia de derechos humanos a nivel mundial, recuenta el rápido camino de los seis proyectos propuestos por la presidenta hasta llegar al día de hoy, cuando se definirán sus sanciones en el Congreso.
«Esta reforma le daría al oficialismo en la Argentina una mayoría automática en el consejo que controla el poder judicial, lo cual compromete seriamente la independencia judicial, dijo el director para las Américas de la ONG, el chileno José Miguel Vivanco, sobre la reforma en el Consejo de la Magistratura, la más polémica del paquete.
«Las elecciones para elegir a los consejeros debería ser llevada a cabo de tal manera que se asegure que no estén politizadas», agregó.
La reforma del Consejo propone elevar el número de miembros de 13 a 19 y las decisiones más relevantes se resolverán con mayoría simple. Además, su elección sería por voto popular, en boletas partidarias.
«Según las normas propuestas, quien gane la presidencia en la Argentina tendría inmediatamente la mayoría en el Consejo», comenta el comunicado.
En el comunicado, HRW también se refiere al proyecto para limitar las medidas cautelares contra el Estado, lo cual «socavaría los derechos básicos de los individuos». Además, explica los cambiosintroducidos tras la intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
«Para asegurar que los fallos sean efectivos, los jueces necesitan la flexibilidad de determinar su duración y características», opinó Vivanco. «Ampliar las prohibiciones y limitar los tiempos en una país donde los juicios pueden llevar años debilita el acceso a la justicia y a la capacidad de expresarse de los argentinos», agregó.
Hacia el final del comunicado, HRW rescata algunas «medidas positivas» dentro del paquete de la reforma, como el ingreso al poder judicial por concurso, el aumento de la transparencia de los procesos, y la publicación de las declaraciones juradas de los jueces.
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