24 octubre, 2020

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REFORMA MENDOCINA Y EXPROPIACIÓN: DIFÍCIL DE ALCANZAR

Las reformas de la Constitución y política junto a la expropiación de tierras con deudas en Irrigación fueron los ejes de la primera apertura de sesiones del Gobernador. Las dos primeras se hundieron en el barro de la política y a la última le faltó sustento jurídico.

 Prioridades de Pérez, sin efectos aúnEn 365 días, las dos grandes promesas del discurso de Francisco Pérez en su primera intervención como gobernador ante la Asamblea Legislativa no pudieron avanzar más allá de la pompa solemne de una presentación.

Sirvieron, sí, para que Pérez estrenara el traje de mandatario y se propusiera como soldado territorial de otra batalla, la que habilite a Cristina a un tercer mandato. Se trata de la reforma institucional -sustentada en la reforma política y la reforma de la Constitución- y de la expropiación de tierras con deudas de más de 10 años con el Departamento General de Irrigación.

La expropiación de tierras a morosos crónicos del canon del agua de riego fue sin dudas el anuncio más sorpresivo y audaz de la primera inauguración de período ordinario de la Legislatura a cargo de Pérez.

A cinco meses de haber sucedido a Celso Jaque, el ex ministro de Infraestructura se montó sobre el entusiasmo que generó en la tropa oficialista, y en gran parte de la población, la expropiación de las acciones de YPF a la petrolera española Repsol por parte del Estado nacional.

El gobernador mendocino usó la misma palabra, expropiación, y advirtió que el Estado reutilizaría las tierras cuya deuda con Irrigación superara el avalúo fiscal para nuevos emprendimientos productivos en el ámbito de la agricultura a pequeña escala.

El objetivo, subrayó, era “reintroducir más de 13.000 hectáreas en el sistema productivo para potenciar nuestra economía, con el objeto de ser afectados a los planes de colonización establecidos por la ley 4.711 o por el régimen legal que lo sustituya o modifique”.

Un año después los dueños de esas tierras pasaron el sofocón sin que se concretara la amenaza de quita de propiedad. La sentencia en su contra por parte del Gobernador fue brava, pero a poco de cabalgar en la cancha se notó que la montura del corcel estaba floja.

La expropiación pasó por el tamiz de la Secretaría Legal y Técnica, que le bajó el tono y remarcó que no se podía publicitar como “expropiación”, por lo que se empezó a hablar de “recuperación” debido a las limitaciones legales del proyecto. Cuestión de abogados y de la política, que necesitaba adaptar el discurso al que bajaba desde la Casa Rosada en torno a la nueva situación de la petrolera de bandera nacional “recuperada”.

A los pocos meses, cuando el proyecto llegó a la Casa de las Leyes modificado según los condicionamientos técnicos y jurídicos y los de la coyuntura política, nunca sus páginas fueron leídas bajo las luces del recinto, ni siquiera por las que alumbran las comisiones. Pasó directo a un cajón oscuro de algún despacho y nadie sacó hasta ahora un plumero para desempolvarlo.

El freno no es caprichoso, tiene al menos dos causas: las dificultades serias del oficialismo para conseguir el consenso necesario para convertir en ley la iniciativa oficial, al punto de no tener seguros ni los votos de la propia bancada justicialista, y la inexistencia de incentivos por parte del Ejecutivo para que la tropa propia legislativa se enfoque en la cuestión de las tierras de los morosos de Irrigación. En ese punto, el Gobierno tampoco dio precisiones sobre cómo y a quiénes destinaría las tierras en cuestión.

En el campo legal, las expropiaciones se hicieron más difíciles por el impacto del anuncio del Gobernador, que perdió todo efecto sorpresa y puso sobreaviso a los poseedores de los terrenos, que de esta manera tuvieron tiempo de abrir el paraguas mucho antes de que el Estado estuviese en condiciones de quitárselos, porque cuando Pérez reveló su intención, no había proyecto alguno en ese sentido ni ley vigente que lo sustentara.

Como la iniciativa fue rechazada por la oposición radical y demócrata antes de que llegara a ser discutida en comisiones de la Legislatura, tampoco se generó un debate desde los distintos sectores representados sobre cómo implementar un plan de “recuperación” de tierras que se supone están abandonadas sin derecho de riego por falta de pago.

La política coyuntural de Irrigación estuvo más ocupada en el último año en resolver el cierre de los pozos de agua autorizados con irregularidades durante la gestión de Eduardo Frigerio que en motorizar un lobby legislativo con sustentos técnicos y sociales para destrabar la aprobación de las expropiaciones a los morosos crónicos del derecho de riego.

Demasiadas condiciones

Como la “recuperación” de las tierras sin agua, la reforma política y la de la Constitución fueron anuncios de imposible cumplimiento para el Ejecutivo a un año de haberlos pronunciados como prioridades coyunturales de la gestión.

La reforma institucional no pudo pasar de ser sólo un baño eterno en las aguas del Jordán del declaracionismo. Pérez planteó la necesidad de una gran reforma que alcanzara no sólo al sistema político sino a la Constitución provincial dentro de un proyecto integral, pero la oposición le dijo que no y hasta ahora no se pudo romper ese cerco.

La oposición se retiró de las negociaciones cuando el Gobernador condicionó la reforma política a la de la Constitución y ésta a la posibilidad de su propia reelección.

En el barro de la pelea política legislativa la propia tropa, entretenida en divisiones entre azules, naranjas y los nuevos colores de la paleta, obstruye -sin que sea un objetivo premeditado- el llamado al debate de Pérez, quien en la Casa Rosada calificó a la carta magna mendocina como “conservadora de los privilegios de unos pocos”.

El kirchnerismo espera una resolución positiva de la reforma con reelección de Pérez para ponerlo como antecedente del proyecto re-reeleccionista de Cristina Fernández. Y ahí reside otra traba porque la oposición invoca también la cuestión nacional -bajo la consigna de impedir la eternización de la Presidenta- en su rechazo a la reforma constitucional de Mendoza.

En ese escenario, los radicales guardaron su vieja bandera reformista y ahora insisten en que “no es el momento” y “hay otras prioridades”. En esa línea se plantaron los referentes del aparato oficial de la UCR Julio Cobos, Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz, mientras que sus enemigos internos Víctor Fayad y Roberto Iglesias, autoexiliados del partido, se sumaron al entusiasmo que le imprimió el Ejecutivo a la reforma constitucional, incluso promoviendo la celebración de elecciones de convencionales constituyentes en base a una declaración de necesidad de reforma votada por los mendocinos en 2001.

A un año del ruego de Pérez para que los legisladores mendocinos fueran “maduros y abiertos” y abordaran sin vueltas la reforma, considerada “indispensable” por el mandatario en su primer discurso, Pérez le dirá por segunda vez a la Asamblea Legislativa que el futuro de Mendoza depende de que se modifique la Constitución provincial, argumento de peso para sustentar cualquier camino que elija el Gobierno para ejecutar una reforma.

DIARIO LOS ANDES

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