Ya pasaron más de dos meses del caso en que el juez de Paz de San Martín, Gerardo Johnson, y Rolando Cámpora, diputado del mismo departamento, utilizaron su influencia para frenar un operativo policial y así impedir la radiación de un vehículo y aún la Justicia no se expide sobre lo sucedido. El caso debe resolverlo la Corte de Justicia de la provincia desde donde aún no se ha tomado ninguna determinación al respecto.
“Aún no he visto el caso, no sé si ya ha llegado a mi despacho el dictamen porque el caso está siendo tratado por el área legal y técnica de la Corte y yo todavía no he podido ver nada”, manifestó Adolfo Caballero, presidente de la Corte. De este modo, y debido al retraso en la resolución por parte de la Justicia, el caso se encamina a quedar impune.
Cabe destacar que la intervención de los funcionarios sucedió la madrugada del sábado 16 de febrero cuando Roxana Rivoira, nuera de Cámpora, detuvo la marcha de su vehículo por orden de un agente policial que realizaba un operativo de control en avenida de Circunvalación e Ignacio de la Roza, Capital.
Allí, Rivoira fue sometida a un control de alcoholemia donde se determinó que tenía 0,9 gramos de alcohol por litro de sangre cuando el nivel máximo permitido para conducir un vehículo es de 0,5.
En ese momento, la mujer pidió “auxilio” a su suegro ya que en ese caso el vehículo debe ser radiado. Tras el llamado, Cámpora llegó al lugar del hecho junto a Johnson, quien ordenó la suspensión del operativo, según quedó establecido en la multa que confeccionaron los efectivos policiales.
La misma llegó a manos del Juez de Faltas Horacio Morando, quien elevó el caso para su tratamiento a la Corte de Justicia, desde donde aún no hay respuestas para sancionar el accionar de los funcionarios.
REDACCIÓN/DIARIO HUARPE
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