25 octubre, 2020

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Aumenta la tensión con la ONU por la reforma judicial

Por Mariano Obarrio | LA NACION

El gobierno de Cristina Kirchner decidió ayer escalar la tensión en su flamante conflicto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que, a su vez, volvió a cuestionar las leyes que avanzan sobre el Poder Judicial.

La relatora especial sobre independencia de magistrados y abogados de ese organismo, la jurista brasileña Gabriela Knaul, insistió en objetar la reforma judicial que impulsa el gobierno argentino. Advirtió, una vez más, que «la Justicia no es un órgano político» y dijo que existe «un potencial riesgo de que se rompa la independencia» de ese poder del Estado.

En forma urgente, el canciller Héctor Timerman elevó una «enérgica protesta» contra la ONU en la que denunció que «la conducta observada por la relatora sería violatoria de los procedimientos y buenas prácticas que rigen la institución». Esa nota, que se suma a los reclamos de los últimos dos días, fue dirigida al presidente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, embajador Remigiusz Achilles Hencze.

La tensión entre el Gobierno y la ONU fue creciendo en las últimas horas. Este martes, Knaul había advertido sobre el riesgo de politizar y quitarle independencia a la Justicia con el paquete legislativo de «democratización» judicial y la Cancillería le replicó al día siguiente que la funcionaria no había esperado a un informe aclaratorio que el Gobierno le había prometido. En cambio, Knaul desconoció ayer en declaraciones radiales haber recibido una respuesta argentina.

Pese a la reacción oficial, fuentes de la Casa Rosada dijeron a LA NACION que el Gobierno «no les asigna relevancia suficiente» a las críticas de la funcionaria brasileña de la ONU como para hacer cambios en las leyes sancionadas y en los proyectos que se están por aprobar en el Congreso.

Sin embargo, el planteo de la Cancillería puede significar una escalada en un conflicto de imprevisibles consecuencias con el principal organismo político internacional.

Al mismo tiempo, se conocieron fuertes reproches internos en la cartera de Timerman, y Cristina Kirchner volvió a defender la controvertida reforma judicial, al afirmar: «Me gustaría encontrar más justicia en nuestro país».

Agregó que «más allá de algunos cambios que hicimos, me parece que hace falta algo más señales más claras de que hay justicia». Así lo señaló en medio de una serie de críticas a la prensa y a LA NACION (ver página 8) cuando señaló que ella no presentó demandas judiciales por difamación contra los medios de comunicación porque no creía en la independencia de los jueces argentinos.

«La relatora preopinó sin haber dado traslado al Gobierno», dijo un alto funcionario con llegada a la Presidenta. En el Gobierno consideraban que el antecesor de Knaul en la ONU, el argentino Leandro Despouy, auditor general de la Nación, «le dio letra sobre la reforma judicial y Knaul se zarpó porque salió a dar opiniones sin pedir informes: se extralimitó».

En declaraciones a Radio Mitre, Knaul advirtió ayer que no había recibido ninguna comunicación del Gobierno y que los proyectos oficiales conllevan un «potencial riesgo de que se rompa la independencia» de la Justicia. Se refería a los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, la elección popular de sus integrantes y la limitación de las medidas cautelares.

«¿Por qué hay necesidad de hacer una vinculación de los miembros [del Poder Judicial] con los partidos políticos?», se preguntó la relatora de la ONU. Y ella misma se respondió: «Entonces, no habrá una elección sobre fundamentos técnicos, va a ser una Justicia vinculada a ideas partidarias, y es una preocupación muy grande». Knaul señaló también que «la democratización es importante, pero la Justicia no es del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo», y subrayó que «la Justicia no es un órgano político, es un órgano técnico que hace a la aplicación de la ley».

En respuesta, Timerman buscó con su comunicado «reiterar el profundo malestar que ha producido la relatora en el gobierno argentino por su clara parcialidad al emitir un texto con conclusiones sin esperar las respuestas que había solicitado a la República Argentina y que fueron contestadas de inmediato a pesar de contar con 30 días para hacerlo».

Agregó que «la República Argentina ha hecho reserva de los medios que corresponden para preservar el buen nombre y prestigio del país, así como de la organización, a la que, con tanto orgullo, pertenece».

Knaul advirtió que su «mandato obliga a llamar la atención de los gobiernos cuando hay un potencial riesgo de que se rompa la independencia judicial».

Por su parte, Timerman informó en su comunicado que el representante permanente de la Argentina ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Alberto D’Alotto, remitió ayer, a las 8, la información requerida por Knaul. Y se quejó porque ella «declaró a la prensa que aún no había recibido dicha comunicación por parte del gobierno argentino».

Según la Cancillería, Knaul violó los artículos 6 y 10 del Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos e incumplió el Manual de Operaciones para los Procedimientos Especiales. «Como canciller de la República Argentina, solicito en los términos más categóricos se tenga a bien garantizar el fiel cumplimiento de los códigos de conducta en lo que se refiere a la relatora Gabriela Knaul y su trabajo en relación con mi país», dijo Timerman en su nota a Achilles Henczel.

ALIADO INDISPENSABLE

La preocupación y el nerviosismo que traslució la Presidenta en su discurso de anoche, en el que criticó a la prensa y a la Justicia, obedecen a que Cristina Kirchner considera a la ONU un aliado indispensable en su reiterado reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. Ella suele instar allí todos los años a Gran Bretaña a que cumpla con un mandato de la ONU de 1965, que ordena a ambos países que se sienten a dialogar sobre el conflicto.

Las objeciones del organismo que conduce Ban Ki-moon, en cambio, podrían resultar una derrota política difícil de sobrellevar y golpear fuertemente a la reforma judicial.

El artículo 10 del Código de Conducta, según interpretó Timerman, establece que el recurso empleado por la relatora se debe aplicar sólo en procedimientos excepcionales, para resguardar la vida y la integridad de las personas y no sobre proyectos de ley. En cuanto al artículo 6, dijo, ordena fundar este tipo de conclusiones en denuncias de fuentes identificadas y no anónimas.

Además, el canciller cuestionó que Knaul no cumplió el Manual de Operaciones para los Procedimientos Especiales, que le ordenaría «entablar un diálogo con el Gobierno» antes de «emitir un comunicado de prensa u otra declaración pública»

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