Fernández huye hacia adelante
El alza de la inflación, las denuncias de corrupción y las quejas por la reforma judicial se estrellan contra un Gobierno sordo a las críticas
Que Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández multiplicaron su fortuna por siete desde que el primero puso el pie en la Casa Rosada como presidente es un hecho avalado por sus respectivas declaraciones de patrimonio. En 2003 declararon el equivalente a 1,2 millones de euros y cinco años después acumulaban 8,5 millones repartidos entre varios bancos y 23 inmuebles. Pero que Kirchner evadió dinero negro de Argentina para depositarlo en paraísos fiscales a través de su amigo el constructor Lázaro Báez nunca se probó. Hubo rumores y una denuncia interpuesta en 2008, pero nunca se demostró nada. El pasado 14 de abril, el periodista Jorge Lanata recuperó el tema con el testimonio televisivo de dos personas que involucraban a Lázaro Báez con Néstor Kirchner y con el lavado de 55 millones de euros distribuidos en paraísos fiscales a través de más de 40 sociedades interpuestas.
El programa batió récords de audiencia aquel domingo, pero la presidenta, Cristina Fernández, no dijo nada. Leonardo Fariña y Federico Elaskar, los dos gestores que involucraron a Lázaro Báez, se desdijeron de sus acusaciones, aunque eso no evitó que Báez interpusiera una denuncia contra ellos. Varios diputados de la oposición denunciaron a su vez el caso ante los tribunales. Pero pasaban los días y las semanas sin que Báez fuera imputado por nada. El domingo 28 de abril, el periodista Jorge Lanata, quien trabaja en el Grupo Clarín, volvió sobre el asunto en su programa televisivo y lanzó el guante:
—Estoy enfrente de cinco millones de personas diciendo que la presidenta encubre maniobras de corrupción. Por favor, díganos y pruébenos que estamos equivocados. Si es mentira, Cristina, todo lo que estamos diciendo, dígaselo a la gente.
Fernández no contestó. Pero el viernes 3 de mayo el fiscal Guillermo Marijuan, tras volver de unas vacaciones, imputó a Báez por lavado de dinero y emitió un dictamen de seis hojas en el que criticaba el trabajo de quienes le habían reemplazado en el caso por no pedir que se investigara buena parte de lo denunciado “vaya a saber con qué propósito”.
El caso llega en medio de la reforma judicial que el Gobierno de Argentina se ha propuesto aprobar sin el consenso de la mayor parte de la oposición y con el informe en contra de la relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Gabriela Knaul. Esta jueza brasileña exhortó el pasado 30 de abril al Gobierno argentino a que, en aras de la independencia judicial, reconsidere las dos medidas que más rechazo han planteado en la oposición: la reforma del Consejo de la Magistratura —el órgano de gobierno de los jueces— y los límites impuestos a las medidas cautelares que amparan a las personas contra disposiciones del Estado.
La reforma del Consejo prevé aumentar sus miembros de 13 a 19. De ellos, 12 integrantes tendrán que inscribirse en las papeletas de los partidos políticos y ser elegidos mediante voto popular. La relatora de la ONU calificó esta medida como una “politización” de la justicia sin precedentes en ningún país.
Por su parte, el ministro argentino de Exteriores, Héctor Timerman, emitió un comunicado en el que expresaba su “enérgica protesta” ante el informe de la ONU, calificó la petición de la relatora como “insólita actitud” y la acusó de “falta de imparcialidad, mesura y equilibrio” en su mandato. La funcionaria de la ONU insistió en una entrevista concedida al diario La Nación en que la reforma pone en riesgo la democracia, y añadió que el año pasado solicitó por carta al Gobierno poder acudir en misión oficial. “No me respondieron ni sí ni no. Estoy todavía esperando”, señaló.
Hay cuestiones, como las críticas a la politización de la justicia, que el Gobierno rechaza de forma frontal y otras que intenta no mencionar siquiera. La inflación, por ejemplo, se ha convertido en tabú. El miércoles 24 de abril trascendió una entrevista en la que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, empezó a trastabillarse cuando una periodista griega le preguntó sobre la inflación. El ministro pidió que se cortara la entrevista y dijo: “Me quiero ir”. Seis días después, la presidenta compareció en un acto público junto a Lorenzino y bromeó: “¿Ven? No se quiere ir”. Pero siguió sin mencionar la inflación.
Las cifras oficiales hablan de una inflación en torno al 10%. Y las extraoficiales, alrededor del 23%. Los bancos ofrecen un 14% de interés a quien deposite sus pesos en una cuenta corriente. Pero hay quien confía más en la rentabilidad y solidez de los dólares. Cristina Fernández emprendió en junio una campaña para pesificar la economía. Aseguró que ahorrar en pesos era más rentable que hacerlo en dólares. Quiso predicar con el ejemplo y convirtió en pesos los tres millones de dólares que tenía a plazo fijo. Pero de poco sirvió. El dólar paralelo se cotizaba entonces a 5,94 pesos y ahora ha rozado el techo de los 10, en lo que algunos han bautizado ya como el dólar Messi.
La inflación puede desgastar al Gobierno. Las denuncias de corrupción, también. Y de hecho, la imagen positiva de Cristina Fernández disminuyó diez puntos desde que se emitió el programa de Lanata, según la encuesta publicada ayer por el bisemanario Perfil. Pero el principal objetivo declarado del Gobierno es mantener las cifras del desempleo a raya. Y ahí sus logros son innegables. A pesar de que el crecimiento decayó desde 2011 más de cinco puntos, el paro se mantiene en un 7,3%, casi cuatro veces menos que en España (27%), muy inferior al de la zona euro (12,2%) y solo algo menor al de Brasil (5,7%) y Chile (6,2%). Esa lucha contra el desempleo es un factor determinante para que Cristina Fernández mantenga hoy en día una imagen positiva del 50%. A pesar de todos sus silencios y estrategias de escape.
La estadística oculta las cifras reales de pobreza en Argentina
La manipulación del coste de la vida desvirtúa los datos
La reducción de la pobreza ha sido uno de los méritos en diez años de gobiernos kirchneristas en Argentina, aniversario que se cumplirá el próximo 25 de mayo. Sin embargo, la subestimación de la cantidad de pobres por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) oscurece los logros. A finales de abril, el INDEC informó de que la pobreza afectaba a solo el 5,4% de los argentinos y la indigencia, es decir, aquellos pobres que ni siquiera tienen los ingresos suficientes para comprar la comida básica, era de apenas el 1,5% en 2012. Algunos periódicos comentaron irónicamente que Argentina se encontraba a la altura de Alemania.
Ni siquiera el ala kirchnerista de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) cree en los datos difundidos por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que llega a esas conclusiones porque se basa en las cifras subestimadas de inflación. El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA calcula que la pobreza y la indigencia bajaron, como dice el INDEC, pero al 19,9% y al 4,3%, respectivamente. Esto supone un descenso de 1,5 puntos porcentuales respecto desde 2011, pese a la fuerte desaceleración del crecimiento económico (del 7% al 1%) y la elevada inflación (23%) y gracias a que el desempleo apenas subió (del 7,2% al 7,3%) y los ingresos de los trabajadores, según sus cálculos, subieron por encima de los precios.
El investigador Mariano Barrera, de CIFRA-CTA, explica la diferencia con el INDEC en el hecho de que él toma como referencia el índice de precios al consumidor (IPC) que elaboran nueve provincias, la mayoría de ellas gobernadas por kirchneristas, “porque refleja mejor” la inflación que el del Gobierno de Fernández. “Hay varios logros que empiezan a ser cuestionados socialmente porque está cuestionado lo que refleja el INDEC”, lamenta Barrera. Cuando Néstor Kirchner asumió el poder en 2003, la mitad de los argentinos era pobre y un cuarto de ellos pasaba hambre.
Todos los analistas están de acuerdo en la drástica reducción de la carestía en los últimos 10 años, pero algunos centros de estudios reflejan una subida de la cifra de pobres en 2012. El investigador Agustín Salvia, que dirige una encuesta de ingresos en la Universidad Católica Argentina (UCA), considera que la pobreza subió al 24,5%, unos 1,5 puntos por encima de 2011, por la presunta retracción del mercado laboral informal y su consiguiente impacto en las remuneraciones. Salvia, que también investiga en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), calcula que los empleados y trabajadores por cuenta propia de la economía sumergida representan el 45% del total. No obstante, la encuesta de la UCA destaca que la indigencia cayó al 4,9%, unos 0,6 puntos por debajo de 2011, gracias al aumento de la llamada asignación universal por hijo, que reciben los parados y trabajadores informales desde 2009.
Basada en los datos del INDEC, Fernández destacó el mes pasado que en la humilde ciudad de La Rioja (noroeste de Argentina) había bajado la pobreza al 2,7% y la indigencia, al 0,1%. Sus declaraciones provocaron la reacción del alcalde de La Rioja, Ricardo Quintela, que hasta hace poco se identificaba con el kirchnerismo: “Decir que en La Rioja hay 0,1% de indigencia me parece una barbaridad. Si fuera del 0,1%, existirían 360 personas indigentes, y eso es un absurdo. En este momento yo tengo en la puerta de mi casa 40 o 50 personas indigentes. Hay mucha gente que necesita mucho”.
“Es revulsivo que te digan que estamos como Canadá o Suiza”, opina el economista Federico Muñoz, que calcula que la pobreza se mantuvo prácticamente en el 21,1% en 2012. “Hubo una reducción de la pobreza en 10 años porque se crearon 3,5 millones de puestos de trabajo, pero desde 2008 solo bajó dos puntos por la pérdida de la estabilidad de precios”, cuenta Muñoz. Precisamente, la subestimación del IPC y de la cantidad de pobres e indigentes comenzó en 2007 ante la subida de la inflación. Lo peor de todo es que este mal ejemplo parece haber contagiado ahora también al Gobierno chileno, que encabeza Sebastián Piñera, y que también está siendo acusado desde 2012 de manipular estas variables.
Está claro que la pobreza ha bajado mucho en tiempos del kirchnerismo, pero hasta el centro CIFRA-CTA advierte de que disminuye a “menor ritmo” desde 2008 y considera “importante seguir avanzando en este sentido dado que aún son muchas las personas que siguen viviendo en condiciones de pobreza”.
En 2002 la cantidad de pobres llegó a afectar al 57% de los argentinos. La discusión real ahora es si se encuentra por debajo del 20% o 25%. En la década del 90 solo hubo un año en el que descendió por debajo del 20% (en 1993, al 18%) y en cuatro años fue inferior al 25% (de 1991 a 1994), los mejores tiempos del fallido modelo neoliberal del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), en el que la economía crecía, pero también el paro, hasta que todo voló por los aires. “Hoy no hay estallido social, como en 2001/2002, cuando el desempleo superaba el 20%, porque ahora estamos en una situación de virtual pleno empleo, y ése es el principal activo económico del Gobierno frente a las elecciones legislativas de octubre (próximo). Eso sí: en el último año hubo menos empleo privado y más empleo público”, comenta Muñoz.