EL CONCEJAL PEÑA SERÁ INVESTIGADO POR UNA POSIBLE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO

EN SU ROL DE ABOGADO DEFENSOR, PRESENTÓ UNA NOTA EN TRIBUNALES QUE TENDRÍA UNA FIRMA FALSIFICADA.

La Justicia tiene en sus manos una denuncia en la que debe determinar si el concejal de Rivadavia, Ángel Peña, intervino o no en un delito el año pasado. La sospecha se disparó porque el abogado presentó en Tribunales, en nombre de un cliente, un escrito que tendría la firma falsificada de un empleado de un Juzgado penal. Las actuaciones están en manos del fiscal en turno, quien deberá decidir si abre la investigación para constatar la existencia del delito y quién o quiénes son los responsables. El caso se convierte en un nuevo dolor de cabeza para el edil del Pro, que integra el Frente Producción y Trabajo en Rivadavia. En lo que va del año, ha sufrido amenazas telefónicas, intentaron prenderle fuego a su casa y durante una sesión en el Concejo Deliberante, una voz anónima por teléfono advirtió que iba a explotar una bomba si Peña no atendía (ver cronología). Esa seguidilla de hechos llevó a que el cuerpo deliberativo le pidiera al concejal que resuelva sus problemas.

En el último caso, la denuncia no señala a nadie con nombre y apellido, pero reseña una serie de hechos en los que ha participado Peña, como en la entrega de la nota, y su defendido y el entorno, quienes le acercaron el documento, señalaron fuentes judiciales.

Durante el año pasado, el edil, junto a una colega, defendían a un hombre de apellido Monardez, acusado de abusar sexualmente de su sobrina, una menor de edad. La causa fue investigada por el Tercer Juzgado de Instrucción, que mandaba las notificaciones de las resoluciones del caso al estudio de la compañera de Peña, dado que habían fijado ese lugar como el domicilio legal de los letrados. El sospechoso finalmente fue procesado y la causa fue elevada a juicio a la Sala I de la Cámara Penal. En el interín, Monardez decidió no contar más con los servicios de su abogada y seguir con Peña. A mediados de 2012, la esposa del acusado le entregó al concejal una nota en la que dejaba plasmado este hecho y que supuestamente había sido presentada y avalada en el Juzgado, ya que contenía el sello del tribunal y la firma de un empleado. Según las fuentes, Peña fue con ese escrito a la Sala I, donde se encontraba la causa, y explicó que había quedado como el único defensor del imputado, por lo que el nuevo domicilio legal para recibir las notificaciones y novedades era su estudio y no el de su colega, al que habrían ido a parar los informes de la elevación de la causa a juicio. Por esa situación, los camaristas anularon las últimas resoluciones, decidieron que el expediente vuelva al Juzgado de origen para que el juez elabore y dicte un nuevo auto de elevación a juicio y que se informe al abogado de todas las instancias, tal cual lo dispone la legislación.

En ese punto, las fuentes explicaron que el juez Guillermo Adárvez, titular del Tercero de Instrucción, quiso averiguar por qué la nota no estaba agregada al expediente, lo que hubiera sido fundamental para que las notificaciones fueran al despacho del abogado. Además, como en la nota no se puede ver algunos detalles claramente, debido a que está borrosa, el magistrado le ordenó a su secretario que verifique quién recibió esa presentación, ya que tenía una firma y el sello del tribunal. El empleado consultó con sus colegas y todos aseguraron que la firma estampada no era de ninguno de ellos. Por esa razón, en el Juzgado presumen que hubo una adulteración. Así, el magistrado mandó las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción Nº1, a cargo de Daniel Guillén, para que evalúe si hay que abrir una causa penal para determinar si efectivamente hay delito y quién o quiénes son los implicados. En el caso de que se disponga la investigación, el concejal deberá explicar el origen del documento y si sabía que era apócrifo. También la pesquisa se centrará en Monardez, quien firmó la nota, y en su mujer, quien se la acercó a Peña, según revelaron las fuentes.

En Tribunales dijeron que, en principio, podría haber falsificación material de documento público, estafa procesal y uso de documento falso, delitos que son excarcelables, es decir que no conllevan pena de prisión efectiva. Frente a ese ese tipo de hechos, una prueba obligada es una pericia caligráfica para tratar de establecer quién colocó la firma. Otro punto a establecer es que si la nota es falsa, cómo se insertó el sello del Juzgado.

Actualmente, Peña no está a cargo de la defensa de Monardez, quien tiene un nuevo abogado y está a la espera de la resolución de su causa.
FUENTE: DIARIO DE CUYO

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