25 octubre, 2020

FM Cosmos

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Se vienen los amparos contra la ley que reforma la Justicia

La presidenta promulgaría esta semana la ley de democratización de la Justicia. «El Gobierno encontró en el Consejo el único freno en sus nueve años de gestión, por eso quiere arrasar con él», aseguró un consejero. La oposición la declara inconstitucional.

El consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi advirtió ayer que «el Gobierno encontró en el Consejo el único freno en sus nueve años de gestión, por eso quiere arrasar con él», y consideró que la ley para modificar ese organismo, encargado de designar, controlar y sancionar a los jueces, «es inconstitucional y arrasa con la división de poderes», y concluyó: «Con jueces amigos, la Justicia va a terminar mal».

Estas declaraciones de uno de los consejeros de la Magistratura fueron reproducidas por el portal online La Prensa ayer, en la previa de la semana en la que la presidenta Cristina Kirchner promulgaría la reforma del Consejo de la Magistratura.

Como ya fuera anticipado por varios partidos políticos antes del tratamiento del proyecto en Senadores, la semana pasada, se espera una avalancha de planteos en contra de esta iniciativa, que establece la elección por voto popular directo de los miembros del organismo, que pasarán de 13 a ser 19.

La reforma del organismo que selecciona y designa jueces fue impulsada especialmente por la presidenta como parte de un paquete de seis leyes promovido con el fin de «democratizar la Justicia».

Sin embargo, la oposición aseguran que la norma no se ajusta a la Constitución nacional, que ya establece la forma de integración del Consejo de la Magistratura: de representación por estamentos de abogados, jueces y académicos, además de los legisladores nacionales, nombrados por las cámaras del Congreso.

La semana pasada, la oposición realizó un encuentro al que asistieron funcionarios judiciales, académicos y abogados en el que ratificó su propuesta de presentar amparos judiciales contra esta ley «ni bien sea promulgada» y «en los 24 distritos del país».

Los partidos de la oposición ya se contactaron con directivos de diversas ONG y fundaciones civiles para avanzar en conjunto con un alud de denuncias y presentaciones contra esta y las demás leyes de la reforma judicial.

En tanto, mañana se reunirán los directivos de Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fundación Directorio Legislativo, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Asociación por los Derechos Civiles (ADC),  organizaciones a través de las cuales la oposición pretende canalizar algunos planteos de inconstitucionalidad.

En la oposición también cuestionan un artículo del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que establece que una coalición de partidos políticos sólo podrá llevar candidatos a consejeros si conforma un frente electoral con el mismo nombre en 18 de las 24 provincias.

Entienden que este piso de 18 distritos de la ley tiene un «perfil proscriptivo» y supone una dificultad para la oposición en su armado electoral con vistas a los comicios legislativos del 27 de octubre próximo, aunque ya cavilan estrategias para sortearla, como la presentación de una lista consensuada y federal de candidatos a consejeros.

Desde el oficialismo, en cambio, defienden la iniciativa y señalan que actualmente hay 24 partidos nacionales que reúnen el requisito de tener presencia en al menos cinco distritos y que la ley apunta a

«recomponer el sistema político».

Y en la misma línea de defensa de la reforma aprobada la semana pasada, en la edición de Página/12 de ayer,  Leonardo Gorbacz  psicólogo y diputado Nacional autor del proyecto que dio lugar a la Ley Nacional de Salud Mental 26657, establecía un parangón entre ambas normas enana columna en la que señalaba: “Uno de los puntos novedosos que llegarán con la democratización del Poder Judicial, además de la imprescindible participación popular a través del voto, es la incorporación de la interdisciplina en el Consejo de la Magistratura. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo incorpora a dicho cuerpo ‘seis representantes de los ámbitos académico o científico, de amplia y reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal’. Si bien la Constitución nacional en su artículo 114 establece que el Consejo ‘será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley’, la norma vigente hasta ahora hacía una forzada y restringida interpretación de ese texto y reservaba el lugar para ‘un representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes’. Está claro al comparar ambos textos que la Ley incluyó un requisito para acotar al universo de los abogados las amplias posibilidades que nos propone la Carta Magna”.

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