30 octubre, 2020

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Cómo es la «ley de medios» de Macri que podría aliviar al Grupo Clarín

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, durante la rueda de prensa.Perfil.com accedió al proyecto que impediría al Gobierno nacional intervenir y presionar empresas periodisticas. El nuevo tribunal judicial.

Mientras todavía resuenan los rumores de intervención del Gobierno nacional en el Grupo Clarín, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri anunció que pondrá en funcionamiento un decreto de necesidad y urgencia que bloquea, durante 30 días, cualquierdesembarco de la Comisión Nacional de Valores o la Secretaría de Comercio en el multimedio.

En rueda de prensa, el jefe del PRO anunció que por su decreto, los litigios entre el Estado nacional y los medios radicados en la Ciudad de Buenos Aires serán competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) hasta que se apruebe la ley, para lo cual dará a la Legislatura un plazo de 30 días.

De promulgarse la normativa, se creará un «Tribunal de Libertad de Expresión», de acuerdo al proyecto al que accedió Perfil.com. El texto no especifica qué jueces lo integrarán o a través de qué concursos los magistrados podrán llegar a ese tribunal.

Claves. Algunos artículos son centrales para la pelea entre Clarín y la Casa Rosada. Entre ellos, el artículo 10, estipula que «la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que habiten la Ciudad o ejerzan su actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación aquí domiciliados, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para la difusión de la información, opiniones o ideas, con domicilio o instalaciones en la Ciudad no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada, dificultada ni trabada«.

No obstante, el artículo 11 aclara que «los medios de comunicación aquí domiciliados (…) estarán sujetos a las leyes de defensa de la competencia de carácter general que dicte elgobierno nacional, siempre y cuando no restrinjan arbitraria o irrazonablemente sus libertades de prensa».

En esa línea, el artículo 12 prevé que «las autoridades de la Ciudad no podrán (…) admitir la aplicación en el territorio de la Ciudad de leyes ni actos administrativos de ninguna otra jurisdicción que, directa o indirectamente, afecten las libertades de prensa tuteladas por la Constitución Nacional».

En tanto, el artículo 14 indica que «ninguna autoridad pública podrá imponer sanciones administrativas de ningún tipo a los habitantes y a las personas jurídicas por la difusión por cualquier medio de expresiones, información, opiniones o ideas».

El artículo 15 señala que «los inmuebles, licencias o insumos (…) estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas».

Por su parte, el artículo 16, estipula que «ninguna autoridad pública podrá ni intervenir, ni desapoderar, ni despojar, ni transferir ningún medio ni ningún inmueble sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios». Asimismo, el 19 puntualiza que «sólo se podrá decomisar equipos por la administración pública cuando exista una orden judicial firme».

El artículo siguiente insiste en que «ninguna autoridad pública podrá designar ni interventores ni administradores, ni veedores ni participar directa o indirectamente en la dirección o control societario de los medios con domicilio en la Ciudad (…) Ni tampoco interferir en manera alguna en sus decisiones editoriales ni separar siquiera temporalmente sus órganos de administración».

Un nuevo tribunal. El proyecto macrista estipula la creación de un «Tribunal de Defensa de la Libertad de Expresión» una vez que la ley sea promulgada hasta 30 días después de que el DNU entre en vigor, o sea, el 15 de junio, según explicó el jefe de gobierno porteño.

Hasta esa fecha, sea promulgada o no la ley del PRO, será el Tribunal Superior de Justiciade la Ciudad el que tenga competencia en esta clase de litigios entre el Estado nacional y las empresas periodísticas radicadas en la Ciudad.

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