30 octubre, 2020

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Se presentó el primer pedido de per saltum por el avance contra la Justicia

El constitucionalista Alejandro Gil Domínguez solicitó a la Corte Suprema que intervenga directamente para pronunciarse sobre la ley que limita las medidas cautelares

Se presentó el primer pedido de per saltum por el avance contra la Justicia

Así como era cuestión de tiempo que la Justicia comenzara a recibir cuestionamientos contra los proyectos de la “democratización” que planteó el Gobierno para el Poder Judicial, también era de esperar que, con los primeros pronunciamientos, quienes no tuvieran una respuesta satisfactoria acudieran al máximo tribunal. Y eso ocurrió.

La Corte Suprema recibió ayer el primer pedido de per saltum para que se pronuncie sobre la validez de una de las normas. Se trata de la que limita el régimen de medidas cautelares y fue presentado por el abogado Gil Domínguez, cuyo planteo había sido rechazado in limine por la jueza de primera instancia Cecilia Madariaga de Negre.

En su fallo, la magistrada sostuvo que no había un caso concreto que afectara al accionante. Sin embargo, Gil Domínguez consideró que en el caso existe «gravedad institucional«, que es uno de los requisitos que establece la ley para permitir la aplicación de la herramienta que aprobó el año pasado el Congreso para saltear instancias.

«Después del fallo de primera instancia oportunamente apelé‚ y me tocó la Sala I del fuero Contencioso, pero interpuse un per saltum y le notifiqué a la Cámara planteando que hay una situación de gravedad institucional», señaló en diálogo con la agenciaNoticias Argentinas.

Al fundamentar su presentación, el constitucionalista enumeró que las Naciones Unidas dijeron que «la ley viola el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos; también por los derechos que la ley deja indefensos y porque la comunidad jurídica se ha expedido en contra».

Aseguró, además, que aunque el planteo se limita a la ley que regula las cautelares, la gravedad institucional se expande a otras dos normas sancionadas: la reforma del Consejo de la Magistratura y la de creación de nuevas cámaras de casación.

La Corte debe determinar ahora si hay gravedad institucional y en ese caso abrir el grifo para intervenir en los planteos de las otras leyes cuestionadas del paquete de reforma judicial.

 infobae

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