Asunción, 4 jun (PL) La jueza penal paraguaya Rosa Ríos deberá decidir hoy si acepta los cargos de la fiscalía contra 14 campesinos presos hace más de 11 meses por el sangriento desalojo policial en tierras de Curuguaty.
El 15 de junio pasado más de 300 agentes armados cargaron sobre el asentamiento de labriegos en ese lugar, a 199 kilómetros de esta capital, y en un violento incidente aún sin aclararse debidamente murieron 11 campesinos y seis policías
En esta audiencia preliminar, el fiscal Jalil Rachid, imputado sin éxito por organizaciones campesinas pues es pariente y amigo de latifundistas de la zona, pide fuertes condenas para los encarcelados por invasión de propiedad privada e intento de asesinato.
Si la juez acepta los cargos convocaría a un juicio oral y público y tendría que rechazar entonces la petición de la defensa, la cual pidió se investigue primero si los terrenos escenario de los hechos son estatales, lo cual echaría por tierra la tesis de la supuesta invasión.
Un elemento interesante sobre el tema se registró este lunes, después que fue suspendida la sesión inicial de la audiencia, al pronunciarse sobre el asunto Juan Carlos Ramírez, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
El alto funcionario afirmó que las tierras en cuestión pertenecen al Estado a pesar de su actual ocupación, a todas luces ilegal, por la empresa Campos Morombi, de la familia de un político del Partido Colorado ya fallecido.
Es decir, según los argumentos de la defensa, los verdaderos invasores son los mencionados familiares del desaparecido político y no puede condenarse por ese delito a los campesinos sin tierras asentados allí.
Durante la víspera, los labriegos acusados recibieron la visita de una delegación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, acompañada por legisladores del Frente Guasú electos en los recientes comicios, para expresarles su solidaridad.
Igualmente, conocieron de la carta enviada a todos los Poderes del Etado paraguayo por un grupo de personalidades latinoamericanas encabezadas por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la exsenadora colombiana Piedad Cordoba, entre otros.
La misiva reclamó la liberaci n inmediata de los 14 campesinos y una investigación independiente de lo realmente sucedido en Curuguaty ante las versiones de que el tiroteo se inició por francotiradores desconocidos portadores de armas automáticas.
Las personalidades pidieron, además, esclarecer las ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecuciones dirigidas contra los campesinos, 40 de los cuales siguen prófugos por temor a perder sus vidas.